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El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que a lo largo de 2016 la corrupción, la impunidad y la falta de una efectiva rendición de cuentas hizo patente la falta ética y valores en diversas autoridades e instituciones.
“Se evidenciaron varios casos de servidores públicos que, aprovechando el cargo que desempeñaban, cometieron delitos y abusos, los cuales en su mayoría permanecen impunes, generando un entorno donde la simulación, la indiferencia y el encubrimiento parecerían ser la constante.
“Ya sea por ineficiencias burocráticas o por insolvencia ética de los servidores, lo cierto es que esta situación ha fortalecido en la sociedad la percepción de que el cumplimiento y aplicación de la ley es algo discrecional y que los contenidos de las normas son objeto de negociación o una vía para concretar intereses particulares”, dijo.
Expuso que sin una cultura ética que permee en las instituciones, que haga evidente el compromiso de las autoridades con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, difícilmente los mexicanos podrán fortalecer el Estado de derecho y se seguirán preservando la corrupción.
Fuerzas Armadas. Advirtió que una ley que regule la actividad de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas del país “no implica, por sí misma, la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que nuestro país enfrenta”.
Al presentar el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2016, el ómbudsman nacional se manifestó por el regreso paulatino del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea a sus funciones constitucionales.
“La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”, detalló.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, González Pérez explicó que la decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta el país.
Ello, externó, incluye las consecuencias positivas y negativas, que han ocasionado las actividades de las Fuerzas Armadas y se pidió que se escuche a la sociedad, a expertos, académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder y a los propios miembros de nuestros institutos armados, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que nuestro país supere la problemática.
“La seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país lo permitan, a las funciones que les son propias, pero bajo un programa gradual y verificable”, declaró el ómbudsman nacional.