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Los recursos genéticos estarán protegidos en la ley, aseguró la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista. Para ello, añadió la legisladora, se prepara una normatividad con el objetivo de abrir más espacios a la participación ciudadana.
La senadora destacó que la propuesta de ley general de biodiversidad —que actualmente se encuentra en estudio en comisiones— incorpora al marco jurídico nacional la regulación del acceso a los recursos genéticos, sin que estos puedan ser apropiados por nadie y los beneficios que puedan generarse deberán ser distribuidos de manera equitativa.
En el documento en estudio se incluyen medidas para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas contra la biopiratería, además de que el proyecto legislativo parte de la premisa de fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la conservación de la biodiversidad, afirmó Salinas Sada.
La legisladora senaló que se requiere sentar las bases legales para el establecimiento de políticas públicas integrales de protección a la biodiversidad en sus tres niveles: genes, especies y hábitats.
“La biodiversidad está regulada de manera dispersa e incompleta en nuestro marco legal ambiental en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que regula hábitats; en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que comprende a las especies y poblaciones de flora y fauna silvestre”, aseguró Salinas Sada.
Aseguró que faltan disposiciones que protejan la biodiversidad genética, la legisladora.
Además, Salinas Sada explicó que las dos leyes generales vigentes quedan asimiladas en el proyecto de ley general de biodiversidad.
Así, en un ordenamiento único se incorporan y fortalecen de forma estructurada y congruente las disposiciones de las dos leyes vigentes y se agrega el Protocolo de Nagoya, ratificado por México en 2012.
Ese convenio regula el acceso a los recursos genéticos sin que éstos puedan ser objeto de apropiación y garantiza la existencia de mecanismos para la distribución equitativa de los beneficios que pudieran generarse, dijo la senadora ecologista.
Dijo que esto garantiza la protección del patrimonio natural de nuestro país y se promueve la inclusión social.
“La incorporación del Protocolo de Nagoya lleva a la legislación la salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas y otras formas de organización rural contra actos ilícitos como la biopiratería.
“La protección a la diversidad genética del país, contenida en la propuesta de ley general en revisión, abarca toda la biodiversidad; es decir, incluye flora y fauna”, explicó.