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El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, advirtió que una Ley que regule la actividad de seguridad pública que realizan las Fuerzas Armadas del país “no implica, por sí misma, la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que nuestro país enfrenta”.
Al presentar el Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2016, el ombudsman nacional se manifestó por el regreso paulatino del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a sus funciones constitucionales.
“La participación de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”, dijo.
Hace unos momentos, ante el presidente Enrique Peña Nieto, González Pérez dijo que la decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta el país.
Ello, dijo que incluye las consecuencias positivas y negativas, que han ocasionado la actividad de las fuerzas armadas y se escuche a la sociedad, a expertos, académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder y a los propios miembros de nuestros institutos armados, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que nuestro país supere esta problemática.
“La seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; las fuerzas armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable.
“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea”.
En el Salón Adolfo López Mateos de la residencia de Los Pinos, González Pérez subrayó que la normalidad en la convivencia social y la defensa de la dignidad humana sólo son posibles cuando hay paz y para ello es indispensable la seguridad.
“Lo hemos dicho, sin paz no hay justicia ni condiciones para el desarrollo pleno e integral de las personas. La paz no sólo se opone a la guerra, se opone a la violencia y al recurso de la fuerza, para lo cual es necesario que las normas se cumplan y se apliquen, que las instituciones y autoridades hagan vigentes y preserven los derechos, no que los violenten o permitan que se trasgredan”.
Señaló que la debida formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el abatimiento de la corrupción; la efectiva y real autonomía del Ministerio Público; el combate al tráfico de armas; el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario; la modernización y replanteamiento de nuestros sistemas de inteligencia; así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia, son tan solo algunas de las cuestiones que se deberían atender para dar una respuesta más eficaz a nuestros problemas de seguridad y justicia.
Asentó: “En caso de que se determine la pertinencia de elaborar una ley en materia de seguridad interior, necesariamente se debería tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de nuestro máximo ordenamiento, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. En modo alguno se debe propiciar que se restrinja o limite indebidamente el legítimo ejercicio de derechos tales como la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito, entre otros”.
Consideró que se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos de la sociedad, si con el mismo interés y empeño con el que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsaran los procesos relativos a las leyes generales sobre desapariciones y tortura.
Informó que durante 2016 la CNDH emitió 72 Recomendaciones, dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20% frente a lo registrado en 2015.
Las cinco autoridades que fueron destinatarias de mayor número de Recomendaciones durante este periodo, son el IMSS, señalado en 15 casos; la Secretaría de Marina, con 7; la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, con 6 casos, respectivamente; y la Secretaría de la Defensa Nacional con 5 Recomendaciones.
Agregó que del conjunto de Recomendaciones emitidas en 2016, solo 2 han sido cumplidas en su totalidad, 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial, y 14 han sido aceptadas sin que se tenga pruebas de cumplimiento.
