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Sin entrar al fondo del asunto, la discusión sobre la procedencia de la inconstitucionalidad de la llamada Ley Atenco dividió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la sesión ordinaria del pleno de la Corte, los ministros continuaron el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
La acción promovida por 68% del Congreso mexiquense provocó que cuatro de los integrantes del pleno cuestionaran la congruencia con la que actuaron al aprobar la Ley Atenco.
El ministro Alberto Pérez Dayán propuso desechar la acción promovida por la mayor parte del Congreso del Estado de México, que impugnó todo el texto legal, al considerar que ellos pudieron frenar su promulgación y sólo buscaron el control constitucional como instrumento de “consulta pública”.
Los ministros Norma Lucía Piña Hernández y José Fernando Franco González Salas se pronunciaron en contra de esta propuesta.
Sus argumentos se sumaron a los que hicieron valer el lunes pasado los ministros José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quienes indicaron que no había impedimento para pronunciarse formalmente sobre el asunto.
A favor de la propuesta del ministro Pérez Dayán se pronunciaron Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Luna Ramos, quienes indicaron que de admitir a estudio la inconstitucionalidad promovida por el Congreso mexiquense se estaría entrando en un sistema de consulta pública.
“Las comisiones nacional y local de los Derechos Humanos no necesitan justificación si vienen a representar a ciudadanos o lo hacen como órganos de protección o como ómbudsman, pero aquí el Congreso nos transmite las inquietudes de sus representados, quienes coloquialmente les dirían: precisamente para eso fueron electos y para eso están ahí, para escuchar, discernir y aprobar una ley”, indicó el ministro Laynez Potisek.
La ministra Luna Ramos dijo que el hecho de que la mayoría del Congreso local votó a favor de la ley y que ahora 68% de los legisladores afirmen que es inconstitucional, deja mala imagen de la función legislativa.
“Si la función del Poder Legislativo es emitir las leyes, cambiarlas, modificarlas, hacerlas acordes a lo que implica la evolución y el avance de la sociedad, esos 51 diputados estaban en posibilidad de modificar, revocar, derogar la ley respectiva, porque tienen mayoría, pero todavía peor, de la misma Legislatura”, indicó.
“De veras no entiendo cómo pueden aprobar una ley y después una mayoría de más o menos el mismo porcentaje que la aprobó, venir a decir que es inconstitucional”.
Hasta el momento, los ministros sumaron cuatro votos a favor de la propuesta técnica de Pérez Dayán y cuatro en contra. El próximo lunes retomarán el asunto para que los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, se pronuncien, con lo que se definirá si el pleno analizará la inconstitucionalidad de toda la ley o sólo de unos artículos.
Las comisiones de Derechos Humanos sólo combatieron los artículos relacionados con la violación a los principios de necesidad absoluta y de última razón para el uso de la fuerza pública. El proyecto propone anular el uso de armas para neutralizar manifestaciones, que se encuentra previsto en la Ley Atenco y señala que las manifestaciones violentas no pueden ser utilizadas como pretexto para que los cuerpos policiales utilicen la fuerza más allá de lo necesario.
