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Los asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Poder Judicial de la Federación fueron instruidos desde el 24 de febrero pasado a brindar ayuda legal a los connacionales para obtener identificaciones expedidas por autoridades mexicanas, revalidación de estudios, constancias laborales, regularización de bienes, arreglos sobre derecho de familia, entre otros trámites.
El programa opera en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM), y con los gobiernos estatales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
En Sonora, 11 asesores jurídicos operan entre Nogales, Hermosillo y Agua Prieta.
Los defensores públicos de esa delegación han atendido a 450 mexicanos deportados, 99 mujeres y 351 hombres; dos de ellos, personas de la tercera edad y 15 más pertenecientes a comunidades indígenas.
Según los datos de la misma oficina, liderada por Antonio Enríquez Ortiz, los mexicanos atendidos se han quejado por malos tratos por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos; principalmente, solicitan ayuda para recuperar las pertenencias que les fueron retenidas al momento de su detención y para obtener documentos personales oficiales.
De los mexicanos pertenecientes a comunidades indígenas, cinco hablaban náhuatl; cuatro, mixteco; dos, zapoteco; otros dos tlapaneco, uno más, maya y otro, navajo, lengua indígena americana.
Entre los asesores de esa delegación sólo uno, originario de Oaxaca, habla lengua indígena y se especializó en derecho de los pueblos indígenas; otro más es especialista en temas migratorios y el resto del equipo tiene diversas especialidades, como derecho civil, penal, nuevo sistema penal y equidad de género, entre otros.
Ésta es la primera vez, en la historia del Poder Judicial, que se implementa un programa de esta naturaleza. “Cada migrante es diferente, una historia, toda una problemática y cada uno debe ser atendido de la mejor manera posible, pero es el tiempo el que ayudará a definir exactamente cuál es la mejor ruta que podemos seguir”, reconoció el delegado Enríquez.
Enríquez Ortiz informó que los asesores han detectado que las principales dificultades que enfrentan para ayudar a los migrantes son: el dinero y la desconfianza en las autoridades mexicanas.
“Estamos trabajando para agilizar los trámites de expedición de actas, las delegaciones nos estamos coordinando para evitar dilación en esto, pero esos documentos tienen un costo, sobre todo, cuando son foráneos, y muchos connacionales llegan sin dinero, sus familiares tardan en enviárselos”, explicó.
“De los connacionales que hemos entrevistado, aproximadamente 10% nos solicitan el servicio y se les expiden actas o se les da asesoría para asegurar sus bienes o arreglar sus documentos de identificación, pues muchos lo que quieren es regresar a Estados Unidos o a sus estados y olvidarse de lo que les pasó”.
Algunos de los repatriados son menores de edad que las autoridades migratorias detienen en su travesía por el desierto sonorense para llegar a los Estados Unidos o que detectan como indocumentados en territorio estadounidense.
Pero su minoría de edad impide que la Defensoría Pública se haga cargo de ellos, porque por competencia corresponde al DIF, a cuyas oficinas son conducidos una vez que los agentes de migración los reciben en territorio mexicano.
