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Los ex cancilleres Luis Ernesto Derbez y Jorge G. Castañeda, así como la ex embajadora Olga Pellicer coincidieron en que es necesario brindar mayores recursos económicos a los consulados de México en Estados Unidos para la defensa legal de los connacionales en riesgo de ser deportados y buscar alternativas para detener la construcción de un muro en la frontera, que es un agravio contra nuestro país.
En el foro “México frente a Trump, a 100 días de su elección”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, Derbez Bautista aseguró que los consulados necesitan recursos para dar la batalla legal en los tribunales de Estados Unidos.
“Si tenemos 50 consulados y les vamos a dar simplemente mil millones de pesos, entonces el cálculo es de 20 millones por consulado, lo que es irrelevante e irrisorio para la responsabilidad que tienen en este momento”, dijo el también rector de la Universidad de las Américas de Puebla.
Derbez también lamentó que la visión y la estrategia con que se debería enfrentar la nueva relación con EU estarán “nubladas” por los asuntos domésticos en el interés de los líderes políticos de participar en el proceso electoral de 2017, en el cual la elección del Estado de México será fundamental de cara a los comicios de 2018.
“Los intereses de nuestros líderes de participar en el proceso electoral hacen que nuble lo que debe ser una visión verdadera de cómo debe el país hacer su planteamiento estratégico en la parte exterior”, aseveró.
El ex canciller Jorge G. Castañeda coincidió en que una de las partes más perniciosas en los primeros días de la administración Trump son los lineamientos para las deportaciones, porque ahora los agentes del ICE pueden echar a cualquier ciudadano mexicano con menos de dos años de “presencia” en la Unión Americana.
El ex diplomático coincidió en que la defensa legal se debe dar con abogados de EU, quienes deben buscar a los connacionales que estén en riesgo de ser deportados con ayuda de los deportados y organizaciones no gubernamentales de defensa de los migrantes.
Sobre la construcción del muro en la frontera norte, Castañeda dijo que seguramente habrá muchas empresas estadounidenses que participarán en la construcción de la valla y algunas mexicanas que tratarán de ser proveedores. Por ello, planteó que el gobierno de México “puede decir que cualquier empresa mexicana o norteamericana tiene la plena libertad de participar en la construcción.
“Pero también el Estado mexicano tiene la plena libertad de negar cualquier contrato [de obra pública] a esa empresa durante los próximos 20 años. Es legal y es eficaz, y eso no representa ningún problema jurídico, ético o político, en todo el mundo se hace. Nosotros lo hacemos con algunas empresas al inhabilitarlas para participar en ciertos concursos. No le ha sucedido a la empresa Higa, pero espero que el próximo sexenio suceda”, dijo.
Aseguró que el gobierno de México debe dejar claro que sí hay un costo por participar en una ruta hostil como lo es la construcción del muro.
La ex embajadora Olga Pellicer aseguró que el tema más urgente para atender son las deportaciones de inmigrantes mexicanos, porque la renegociación del TLCAN ha entrado a una pausa.
“Ha habido un cambio sustancial en las deportaciones con el gobierno de Trump, porque en las directrices que han surgido del presidente de EU y del Departamento de Seguridad hay cambios sustantivos respecto a lo que hacía el presidente Obama”, afirmó.
