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Especialistas en historia y materia penal se reunieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) para presentar el coloquio 100 Años de Justicia Penal sobre el Centenario de la Constitución.
Gerardo Laveaga, director del Instituto, fue el encargado de presentar a los participantes y abrir el seminario.
En su intervención, Laveaga destacó la importancia de conocer los orígenes de la Constitución de 1917.
"Descubrir el pasado puede ser terriblemente angustioso pero también puede ser motivo de mejorar el presente", comentó.
En el coloquio participaron Alejandro Escobedo Rojas, profesor Universidad Panamericana; Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia de la UNAM; Ignacio Marván, licenciado en Economía de la UNAM, y Elisa Speckman Guerra, Maestra de Historia de la UNAM.
Los participantes expusieron sobre el constituyente de 1917, la administración de justicia y las garantías penales.
Agustín Salmerón aplaudió los logros en materia laboral, como la aprobación del salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas y el derecho a huelga.
Señaló que para generar la constitución fue necesario superar la división entre la postura de Venustiano Carranza y los jóvenes revolucionarios.
Speckman Guerra señaló que antes de la revolución ciudadanos sin formación jurídica eran los encargados de juzgar a quienes cometían delitos y poco a poco se fue recortando su competencia.
"Con el tiempo fueron aumentando los requisitos a los ciudadanos que querían ser parte de este jurado.
Con esto el jurado dejaba de ser un jurado popular", destacó.
Antes se consideraba que los jueces y magistrados no eran independientes porque eran designados por el presidente.
La nueva constitución manifestó la preocupación de delimitar la intervención de las autoridades administrativas y significaron frenos para girar órdenes de aprehensión y cateos domiciliarios.
En general, el coloquio destacó los logros obtenidos al reformar la Constitución y promulgarla como ahora la conocemos.
afcl