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En el marco del centenario de la Constitución de 1917, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, dijo que se requiere una ley que restaure el constitucionalismo social y democrático, basada en el derecho al trabajo, un salario remunerador, el respeto a la dignidad humana y que garantice la responsabilidad, la igualdad y la justicia para frenar la acumulación de la riqueza y privilegios.
Aseguró que a 100 años de la promulgación de la Constitución “existe un rechazo generalizado a los cambios parciales, incongruentes y distorsionadores, impuestos de forma ilegal por mayorías parlamentarias para satisfacer intereses de poderes fácticos y grupos de poder, aun contra la evidente afectación del interés público y el repudio de la sociedad”.
Afirmó que se han instaurado modelos de desarrollo incrustados desde los idearios de los partidos políticos hegemónicos, los cuales “de manera criminal han sumido en la pobreza y desigualdad social a más de la mitad de la población, en favor de unos cuantos”.
Señaló que una nueva Constitución debe emerger de un pacto social que logre el consenso y compromiso de elaboración y aplicación del Poder Ejecutivo, los partidos políticos, grupos parlamentarios y sectores sociales, como la mejor garantía de legitimidad.
“La Constitución debe dejar de ser un conjunto de declaraciones programáticas y constituirse en un cuerpo normativo de aplicación directa e inmediata del Estado, sin estar condicionada su aplicabilidad al desarrollo de la legislación secundaria”, dijo Barbosa.
Detalló que se trata de construir un sistema de derechos fundamentales con esencia y dimensión social que no sólo tenga un carácter formal, declarativo y programático, sino que sus mandatos sean imperativos con vigencia vertical efectiva, para que su cumplimiento vincule la actividad de los Poderes y entes de los tres niveles de gobierno con la satisfacción de las necesidades sociales.
“Esta nueva dimensión constitucional garantista debe preservar los derechos expresamente reconocidos y los que deriven de una interpretación de los principios y valores contenidos en su texto”, dijo.
Barbosa Huerta refirió que es necesario un nuevo Estado social de derecho, cimentado en la solidaridad colectiva, equidad social y eficiencia productiva como alternativa de organización jurídica y política para garantizar el bienestar de la población a partir del ejercicio de derechos fundamentales.
Explicó que es condición necesaria para un nuevo pacto fundacional consagrar desde la parte dogmática un cuerpo amplio de derechos fundamentales, confirmando su carácter universal e inalienable, progresivo e integral.