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El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda (PRD), consideró que la iniciativa preferente que envió el Presidente de la República para revalidar las materias de los menores mexicanos que sean repatriados a nuestro país ante la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump es “insuficiente”.
Alejandro Ojeda consideró que la revalidación de estudios no servirá de mucho, si no se garantizan los espacios suficientes y el ingreso a todos los mexicanos, incluyendo los que regresen.
Cabe señalar que el pasado 1 de febrero el Senado de la República recibió la Iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal que contiene el proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a través de la cual se busca la revalidación de estudios y el reingreso al sistema educativo para los connacionales que retornen de Estados Unidos.
Por ello, urgió al gobierno Federal a tomar las medidas necesarias para abrir más y mejores espacios, porque de lo contrario, el recibir a nuestros connacionales –que por supuesto es una obligación— va a generar una crisis en el sistema educativo en todos los niveles.
Expresó que resulta demagógico hablar sobre garantizar a los estudiantes provenientes de Estados Unidos su ingreso a las aulas, cuando ni siquiera se cumple con ese derecho a los jóvenes que viven en nuestro país.
Si bien, dijo, hoy se otorga un servicio universal hasta la secundaria, cada año son rechazados miles de jóvenes que intentan ingresar al nivel medio superior, engrosando el ejército de los “ninis”, es decir, de quienes ni estudian ni trabajan.
Sin duda, aclaró, el Ejecutivo Federal y su secretario de Educación debe establecer una estrategia para recibir a los jóvenes estudiantes deportados de la Unión Americana, pero al mismo tiempo deben garantizar un espacio en la infraestructura escolar a todos los mexicanos que aspiran a seguir estudiando.
Recordó que de acuerdo a los transitorios de la reforma que se realizó al Artículo 3 de la Constitución de la República en el año 2011, obliga a las autoridades educativas a otorgar al cien por ciento la cobertura del nivel medio superior para el año 2022.
Insistió en que la simple homologación y reconocimientos de los estudios realizados en Estados Unidos, es una medida insuficiente, cuya pretensión “es la de tapar el sol con un dedo” en el tema de oferta educativa a los connacionales que regresarían a México, sobre todo si no se tienen los espacios suficientes para recibirlos.
Lamentó que una simple reforma administrativa para revalidar documentos se anuncie con bombo y platillo, argumentando que con eso se solucionará el problema de espacios en el sistema educativo, cuando lo que se debería estar analizando es de qué manera se van a incorporar los jóvenes deportados a nuestro sistema educativo y cómo se le va a garantizar un aula y no solo a ellos, sino a todos los mexicanos.
