juan.arvizu@eluniversal.com.mx
El examen de la Constitución que cumple 100 años vigente y en continuo cambio arroja desorden, defectos y errores que la academia propone sean corregidos, sin que le haga caso la clase política, a pesar de que se dirigen advertencias de que el texto contiene un “mal diseño de las instituciones”, en particular, del régimen de gobierno. El tiempo que se pierde en este ajuste se paga con más problemas de gobernabilidad, señalan especialistas.
Diego Valadés, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, dice: “Tenemos un claro déficit de gobernabilidad que se traduce en corrupción, violencia, pobreza, inclusive en fragilidad frente a lo que nos está ocurriendo en la relación con Estados Unidos, y todo eso es resultado de que no hemos construido en la Constitución instituciones lo suficientemente sólidas”.
Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma: “Habría que revisar el régimen de gobierno para dar cabida a las necesidades de la pluralidad de hoy en día”, como es el hecho de que un partido político de un Presidente no alcanzan mayorías simples para gobernar.
Roberto Guerra, integrante del proyecto social Observatorio Parlamentario, señala que en las cámaras de Diputados y Senadores, proponer reformas constitucionales suele tomarse a la ligera, y las iniciativas que avanzan, ello obedece a que han sido pactadas por los liderazgos y se procesan sin discusión. Y si las organizaciones civiles intentan, por lo menos, ser escuchadas en comisiones se les obstruye presentar sus propuestas.
Valadés, quien ha sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y director del IIJ, coordinó junto con Héctor Fix-Fierro un estudio académico que reordenó y consolidó el texto de la Constitución vigente en el momento del ejercicio (julio de 2014), con el propósito de que “restaure sus cualidades formales y técnicas”.
“La necesidad de sistematizar la Constitución para hacerla más legible y de condensar el texto para darle también mayor accesibilidad al público en general, es una de las condiciones esenciales para que vuelva a ser lo que siempre debe ser: un libro de la sociedad”, dice Diego Valadés.
Indica que la Constitución es de lectura difícil y contiene numerosas inexactitudes, disposiciones duplicadas, uso inconsistente de términos, desorden y falta de sistema, deficiente ubicación de sus disposiciones, errores de actualización de textos y artículos en los que el legislador fue más allá de escribir principios constitucionales y detalló reglas de ley secundaria.
“Un ciudadano que lea la Constitución se va a quedar sorprendido, no va entender muchas cosas. Por eso optamos por, sin alterar el contenido, darle un orden, sistemático, coherente, que ha perdido a lo largo de 100 años”, expone.
El ejercicio de revisión quitó casi un cuarto del texto, dio claridad a párrafos, reacomodó preceptos, corrigió puntuación, inclusive. Aquello que los especialistas del IIJ de la UNAM consideran como propio de una ley reglamentaria lo pasaron a un modelo de Ley de Desarrollo Constitucional, que tendría como candado que si se quisiera modificar, ello requeriría de dos tercios de la votación del pleno en ambas cámaras.
El constitucionalista Valadés dice que “a partir de esta tarea pensamos que es necesario proceder a la reforma de la Constitución y, particularmente, lo que se refiere al régimen de gobierno, por qué hay un rezago muy considerable en esa materia”.
Agrega: “Esto implica revisar cuidadosamente el régimen de gobierno para que le demos un sentido más democrático. Y lo pondré en estos términos: En México, las características del sistema presidencial hacen que todo el poder del gobierno recaiga en una sola persona. La Constitución no tiene un órgano colegiado que se llame ‘gobierno’; no existe la posibilidad de que el Congreso evalúa el desempeño de los integrantes del gabinete y pueda formular una moción de censura o voto de reprobación”.
Previene sobre consecuencias de estas fallas: “Esto se traduce en aspectos altamente lesivos para la vida institucional del país. Quien reciente los ataques directos por los problemas que se dan en las políticas públicas es el Presidente de la República, y los análisis y estudios demoscópicos indica una muy baja aceptación del Ejecutivo”.
Quienes deben ser objeto de reprobación son los instrumentadores de las políticas públicas, pero “como no tenemos esto, todo va en contra del Presidente y eso lesiona en general la credibilidad del gobierno, de manera que pierde el gobierno pero también perdemos los gobernados”.
Al menos desde 2012, “el foro académico está abierto permanentemente a las opiniones de los dirigentes políticos y sociales del país, y aunque hay gran sensibilidad en cuanto a este tipo de reformas, falta que se dé la convergencia de las decisiones para que se impulsen”. Sin embargo, remarca Diego Valadés, si no se reforma el régimen de gobierno, “temo que las condiciones de gobernabilidad del país van a seguir en retroceso como lo hemos visto hasta la fecha”.
Considera que “en algún momento, los partidos deben llegar a la conclusión de que si no es por convicción será por conveniencia”, la realización de este conjunto de cambios de forma y fondo.
En el estudio mismo de texto reordenado de la Constitución, Valadés y Fix-Fierro advierten que “es evidente que la dinámica actual de enmienda al texto constitucional ha topado con sus límites, por lo que resulta imperativo encontrar otras opciones que le den estabilidad y viabilidad”.
Constitución compleja
Al reformismo de la Constitución abonan los integrantes de cada Legislatura con numerosas iniciativas de modificaciones, y por ello las comisiones de Puntos Constitucionales tienen una sobrecarga de asuntos.
Por lo menos, reporta Roberto Guerra, de Observatorio Parlamentario, para cambios y adiciones al artículo 73, llegan por periodo unas 50 propuestas. Por cierto, dice es el artículo con más modificaciones en la Constitución.
“Los legisladores tienen un afán de presentar iniciativas de reformas a la Constitución, incluso por el mero propósito de incluir en sus currícula que cuando fueron diputados presentaron un proyecto, pues bien saben que coronar un esfuerzo con un decreto de reforma depende de las cúpulas de las bancadas”, subraya Guerra.
Madrazo Lajous explica que “nuestra Constitución se ha vuelto compleja a lo largo de los años, y eso no es positivo ni negativo”. Otorga más importancia a que sea funcional para la sociedad, y considera “estériles” las propuestas para “redactarla para que esté bonita su gramática”.
Destaca que la Constitución ha tenido reformas “muy acertadas e innovadoras, como la regulación en materia de derecho a la salud; telecomunicaciones, que es de avanzada; sobre libertad de expresión, que no dudaría de calificarla vanguardista”.
Otro acierto importante, agrega Madrazo, “es el sistema plurinominal que nos ha permitido pluralizar el universo político y transitar hacia un régimen electoral competitivo”, el cual “ya no responde a la pluralidad que permitió”.
