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El ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera solicitó un amparo contra la posible orden de aprehensión o retención que pudiera ser emitida por la Fiscalía General de esa entidad.
El asunto fue promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal y de Juicios Federales del Estado de México, el cual se declaró incompetente por razones de territorio, pues correspondería conocer a un juez en Veracruz, según el expediente 133/2017.
La solicitud fue promovida luego del anuncio del ex mandatario sobre su renuncia al cargo de cónsul de México en Barcelona para enfrentar las acusaciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en su contra por supuestamente comprar medicamentos piratas para tratamientos de quimioterapia.
Debido a que el juez se declaró incompetente no dictó medidas provisionales para evitar que el ex mandatario sea detenido, en consecuencia, de emitirse una orden de este tipo las autoridades podrán ejecutarla.
El pasado 30 de enero, Yunes Linares aseguró que su administración detectó medicamento apócrifo adquirido desde la administración de Fidel Herrera con el visto bueno de la Secretaría de Salud del estado.
El mandatario advirtió que estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía estatal para investigar a quienes resulten responsables y que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estaba enterada del asunto.
El miércoles pasado, la Cofepris afirmó que no hay pruebas de que hubieran sido aplicados medicamentos oncológicos falsos o que se le aplicó agua destilada a niños o adultos enfermos de cáncer.
El titular de la Comisión, Julio Sánchez y Tepoz, informó que el gobierno de Veracruz cuenta con cinco días hábiles para presentar pruebas sobre las acusaciones contra las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Por otra parte, la investigación por enriquecimiento ilícito —iniciada por la Fiscalía de Veracruz contra los suegros del ex gobernador Duarte— fue atraída por la Procuraduría General de la República (PGR).
Fuentes del Poder Judicial de la Federación revelaron que en las carpetas de investigación contra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Jesús Antonio Macías Yazegey, el ex mandatario y su familia adquirieron diversas propiedades con recursos públicos en el interior de la República y en otros países.
Las carpetas de investigación fueron iniciadas luego de que el entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que el mandatario saliente, Javier Duarte, cometió enriquecimiento ilícito al desviar recursos públicos para adquirir propiedades en España y Estados Unidos.
Mediante una revisión EL UNIVERSAL constató que los suegros de Duarte de Ochoa solicitaron un amparo ante el Juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México contra cualquier orden de aprehensión que pudiera emitir, ahora, la PGR en su contra.
Para ello, el juez de amparo concedió la suspensión provisional, con lo que congela la ejecución de cualquier orden de aprehensión o retención.
Asimismo, solicitaron tener acceso a las carpetas de investigación atraídas por la dependencia federal para tener por garantizada su debida defensa.
El juzgador fijó a Tubilla Letayf y Macías Yazegey el pago de una fianza por 18 mil pesos para conservar la medida precautoria concedida, misma que de fincarles responsabilidad por algún delito grave dejará de surtir efecto independientemente de que paguen o no la garantía requerida por el juez.
