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El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Benito Nacif Hernández impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los acuerdos de la Junta General Ejecutiva (JGE), por los que se redujeron 10% las percepciones de sus integrantes, lo que pudo haber excedido sus funciones.
Esa medida de austeridad, planteó Nacif, va en contra de la Constitución y convenios internacionales, y arroja un ahorro mínimo de 11 millones de pesos al año, 0.1 % del presupuesto total del INE para 2017.
Por eso Nacif promovió el recurso ante el TEPJF, pero en la carta enviada al presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que si bien impugnó en ejercicio de sus derechos como ciudadano, esa defensa de la legalidad no es rechazo a la austeridad.
Pidió al instituto analizar proyectos prescindibles, tomar decisiones que signifiquen un ahorro, “pero siempre dentro de la Constitución y la ley”, y propuso economías de 112.2 millones de pesos a corto plazo.
Recordó que el INE paga millonarias sumas por asesorías externas —que en el pasado han sido cuestionadas por la Contraloría General del instituto— y los ahorros podrían ser mayores.
Hay que revisar si se justifica “ejercer 27.3 millones de pesos en estudios y eventos sobre la calidad de la ciudadanía. Asimismo, cabe valorar alternativas a la adquisición de plantas de electricidad para cada una de las juntas locales y distritales por 84.9 millones de pesos”, ya que sólo se requieren para casos de emergencia, expresó en la misiva.
Respecto a la impugnación, pidió al TEPJF revisar la legalidad y constitucionalidad de lo avalado por la JGE el 25 de febrero, en el acuerdo para publicar en el Diario Oficial de la Federación la Estructura Ocupacional del INE 2017, el Manual de Percepciones para los servidores públicos de mando y la modificación del tabulador de sueldos para puestos de la rama administrativa.
En esas modificaciones se autorizó reducir los salarios de 11 consejeros y 21 funcionarios de mando, y estos últimos firmaron de conformidad.
Nacif pidió a los magistrados analizar si la disminución al salario transgrede al menos cinco artículos y viola los principios de certeza y legalidad que deben regir la actuación del INE, pues ésta impide a los servidores renunciar a la remuneración a la que tienen derecho y señala que “nadie podrá ser privado del producto de su trabajo salvo que medie resolución judicial”.
El artículo 123 de la Constitución indica que los salarios de los servidores serán fijados en el presupuesto correspondiente, “sin que puedan ser disminuidos durante la vigencia del mismo”, lo que es el caso.
