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El poder de reformar la Constitución está en manos de dirigencias de los principales partidos políticos, señalan legisladores y académicos, y advierten que la sociedad está fuera, incluso distante, de los círculos de decisión que la modifican.
Consideran los ciudadanos que con su voto en un sistema democrático eligen Presidente, diputados, senadores, Congresos locales, los cuales a su vez integran el mecanismo de reforma a la Constitución, deben influir en el proceso de cambios constitucionales para que las normas resulten eficaces.
Legisladores y académicos plantean posibilidades diversas para que el ciudadano incida en el proceso de reforma constitucional: por ejemplo, incluir el referéndum previo o posterior a una votación, propone un constitucionalista; un académico recomienda dejar a la vista de la sociedad lo que ocurre en la “Caja Negra”, dice, que son las Juntas de Coordinación Política en las cámaras y que cada fuerza política sea responsable de los intereses que impulsa en una reforma, y que reciba el premio o el castigo de los electores.
El monopolio de las modificaciones pasó del Ejecutivo al Congreso operado por las dirigencias partidistas, dicen legisladores, en entrevistas en las que surgen expresiones a favor de incluir en los acuerdos la visión de la sociedad sobre nuevas reglas.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos (PRI), que tiene la responsabilidad de procesar dictámenes de reformas al texto, dice que “la cúspide de la dirigencia nacional de cada partido tiene influencia en sus diputados y senadores”, para orientar el sentido de los cambios que, finalmente, son producto de diálogos, de intercambio de reflexiones, de puntos de vista.
El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Ignacio Marván Laborde, afirma que a partir de 1997 el Congreso de la Unión reforma con votos de los tres partidos fuertes (PRI, PAN y PRD) y, desde entonces, “se entra en una dinámica de negociación política, donde hay que entrar al intercambio de favores”. México apenas entró en esa lógica, “es lo que está pasando en el mundo, y no nos escandalicemos”, expone.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta (PRD), confirma: “Estamos llegando a la normalidad, partido que no tiene mayoría calificada se sienta con otros para lograrla, mediante una negociación”. El perredista contrasta: “Antes nos decían levantadedos, porque el Presidente mandaba una iniciativa y se votaba sin moverle una coma; ahora que el Ejecutivo manda un proyecto le decimos: ‘Vamos a platicar si me gusta o no me gusta’, y a eso le dicen partidocracia. Y hasta su partido le dice que no, como en la reforma de matrimonio igualitario”.
La secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Adriana Báez Carlos, expone que México pasó de un régimen “sin competencia de partidos, de una política autoritaria (1938), a movimientos sociales (1968), que abrieron el sistema político con reformas a la Constitución en materia electoral con Jesús Reyes Heroles (1977), y se inició una transición muy alargada y lenta con muchos cambios”. Estos son eslabones de un proceso histórico que hoy muestra “ciudadanos que cuestionamos a los gobiernos y a los partidos que se preocupan, por el derecho de iniciativa de las organizaciones civiles; esto es nuevo, es como el inicio para construir más ciudadanía”.
El constitucionalista, ex diputado Constituyente de la Ciudad de México, Jaime Cárdenas (Morena), plantea que “las dirigencias de los partidos controlan el Congreso para modificar la Constitución, con la influencia de la Presidencia de la República, los poderes fácticos económicos e internacionales”. Ante esto, “los grandes sectores sociales están desvinculados de poder modificar los preceptos”. Una élite es la que transforma el texto, por lo que propone el referéndum para que la sociedad participe en el debate constitucional: “¿Quieres que se haga este cambio? ¿Estás de acuerdo con lo aprobado?”.
El politólogo Fernando Dworak Camargo (maestro en Estudios Legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido) expresa que opera un mecanismo de “coalición de fuerzas políticas” para reformar la Constitución, “pero sería deseable que los cambios sean producto de una mayor apertura a los grupos de interés”, que derivaría en un esquema de modificación “más eficiente”.
Marván Laborde asegura que “los partidos tienen una gran autonomía de actuar en contra de los intereses de la gente; el mejor ejemplo es quizá la reforma energética; los que la aprobaron tenían 70% de los votos en el Congreso, pero actuaron con 70% en contra de la opinión pública”.
Las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) de las cámaras son una “Caja Negra” de la toma de decisiones, que no tienen ninguna responsabilidad frente al electorado; “ejercen el control de la cúpula partidaria, son los que mandan”, dice Marván.
Como es tendencia en el mundo, expone, la mexicana es una Constitución que crece en tamaño, con reformas que son más en número en época de gobierno dividido con un partido en el poder con menos de 50% de los asientos en el Congreso.
Lo que resulta son cambios “de chile, dulce y manteca, porque para una aprobación hay intercambios de las fuerzas políticas y [las reformas] no necesariamente son coherentes”, señala el investigador del CIDE. “Ninguna Constitución del mundo es consistente y coherente”.
Adriana Báez Carlos remarca: “Nuestra Constitución ha sido muy reformada, pero no en lo fundamental, que es la definición formal de la forma de gobierno. En los hechos, no ha cambiado, y la vida política del país ya cambió”.
Reporta novedades en la fuerza que origina reformas. “Los sindicatos dejaron de tener la fuerza que tenía, y ahora tienen más energía las organizaciones civiles, que no son corporativas como antaño, cuando influían en la política pública”.
Báez Carlos señala que es creciente el cuestionamiento ciudadano al gobierno, a los partidos políticos; se cuenta con instrumentos como la Iniciativa Ciudadana; con realizaciones alcanzadas, como la Ley 3de3; se monitorea al Congreso y emerge una interlocución para que se tome en cuenta su opinión.
Fernando Dworak dice que hacia adelante los cambios constitucionales pueden transitar con el impulso de coaliciones de fuerzas políticas, como, inclusive está encaminado 2018, que está muy polarizado entre los partidos políticos.
Las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron posibles por la suma de votos de las tres principales fuerzas políticas, en “un intercambio de agendas, de temas, de los partidos políticos”, dice el especialista.
Remarca que la élite política está conforme con los mecanismos de la reforma a la Constitución que, en efecto, “son procesos tortuosos para proteger a minorías”.
Los legisladores se hacen cargo de que a 100 años, en el Congreso, como en la nación, se vive una pluralidad que incide cada vez más en el ejercicio del poder, que abarca desde luego los cambios constitucionales para los que no hay tiempo de veda, ni mecanismos que frenen el ritmo reformista. Incluso, se cuenta con un precepto que establece al Constituyente permanente.
Enrique Burgos García destaca aspectos de eficacia del mecanismo reformador: “Hay interacción del Ejecutivo con el Legislativo; hay intercambios en el marco del principio de la división de poderes, y también un principio de colaboración, que en la elaboración de la ley resulta fundamental, el cual nos obliga a ayudarnos. Cuando se trata de una modificación constitucional, participamos todos”.
Guadalupe Acosta dice: “Tenemos una Constitución diseñada bajo un presidencialismo clásico, que ya no es una realidad en México; lo que hay ahora es una gran pluralidad, que no se refleja en la manera en que se ejerce el poder”.
Así, 100 años después, la Constitución, como un caleidoscopio, sigue en cambio permanente, sin tocar la forma de gobierno.
