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pedro.villaycana@eluniversal.com.mx
En cuatro años de administración federal, 18 secretarías y organismos autónomos han gastado 528 millones 829 mil 448 pesos en investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y proyectos de consultoría contratados o financiados con recursos públicos.
En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a los portales de transparencia de 23 de las dependencias, se encontró que 18 han realizado algún gasto en este concepto, en tanto que cinco organismos afirmaron no realizar desde 2013 ningún desembolso en esas asesorías.
En las que sí se invirtió crece el ritmo de gasto. En 2013, primer año de la presente administración, este monto fue de 123 millones 876 mil 30 pesos, el cual aumentó el siguiente año, colocándose en 178 millones 751 mil 756 pesos.
En 2015 bajó a 66 millones 317 mil 963 pesos; sin embargo, en 2016 el monto se duplicó, debido a que siete dependencias federales facturaron 134 millones 391 mil 971 pesos del erario.
La Presidencia de la República es la dependencia que más ha facturado en estos servicios en la actual administración. De 2013 a la fecha ha pagado 31 estudios de servicios de opinión y de encuestas, lo que ha significado un gasto de 222 millones 470 mil 626 pesos del erario.
Se trata, en su mayoría, de encuestas que realizaron De la Riva Investigación Estratégica, SC; Bufete de Proyectos, Información y Análisis SA de CV; así como BGC Ulises Beltrán y Asociados, entre otros.
Esta última, la agencia BGC Ulises Beltrán y Asociados es un grupo fundado por Ulises Beltrán Ugarte, quien, según la página en línea de la empresa, se desempeñó como asesor técnico de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
En esta agencia también se encuentra Alejandro Cruz Martínez, quien trabajó de 1995 a 2000 como director general de Estudios Electorales y Especiales de la Asesoría Técnica de la Presidencia de la República, y Olivia Pérez Pérez, quien de 1998 a 2000 fungió como directora de Estadística en la Asesoría Técnica de la Presidencia.
El ISSSTE es también uno de los organismos que han desembolsado millones de pesos en este tipo de trabajos.
En cuatro años, por 15 trabajos, principalmente por asesoría financiera, ese organismo ha pagado a empresas privadas poco más de 56 millones de pesos. Al revisar el portal de transparencia del instituto, cinco de esos informes detallan que se encuentran en un expediente reservado “con fundamento en el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental/Artículo 14 Fracción VI”.
Por informes en asesoría ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha erogado 52 millones 140 mil 955 pesos por 32 informes y encuestas. La mitad fue canalizado en dos informes al Colegio de Postgraduados, en el campus de San Luis Potosí.
Las otras instituciones que realizan estudios son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), El Colegio de México, así como asociaciones civiles y particulares. En el extenso informe que proporciona la dependencia encargada de la política ambiental de México no se detalla si los 32 contratos fueron por adjudicación directa o por licitación pública.
Realizan estudios en programas sociales
Institutos enfocados en salud pública, universidades e investigadores particulares son los beneficiados del otorgamientos de contratos otorgados por la Secretaría de Salud (Ssa) en estudios y encuestas de programas del sector por los que ha gastado 28 millones 911 pesos, entre los cuales, la Universidad Intercultural del Estado de México se llevó, por adjudicación directa, el contrato más costoso que la dependencia de salud ha entregado en la presente administración, debido a que el estudio “Evaluación del Programa Caravanas de la Salud en Localidades de Alta y muy Alta Marginación con Población Indígena: Medición Inicial” tuvo un costo de 9 millones 750 mil pesos.
En tanto, por un par de informes que ayudaran a mejorar el sistema educativo militar, en 2013 la empresa BHR Consultores recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 22 millones 433 mil pesos.
En la página de la dependencia castrense del país no se detalla si estos trabajos fueron encargados por adjudicación directa o por licitación pública.
En ese mismo año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) facturó 2 millones 322 mil pesos por 25 informes realizados por empresas y particulares, entre ellos destacan los dos contratos entregados al ex subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, por más de 2 millones y medio de pesos para realizar evaluaciones y asesorías, de acuerdo con un reporte de transparencia de esa institución. El documento que consigna la información de las asesorías contratadas por la dependencia señala que un primer contrato se le asignó como consultor por un monto total de 2 millones 155 mil 172 pesos.
En el segundo, detalla la página de la SEP, se contrataron los servicios de asesoría de Székely Pardo por un lapso de sólo 43 días (del 2 de mayo de 2013 al 14 de junio de 2013) a un costo de 380 mil pesos.
En tanto que por los proyectos “Dispositivo micronano electrónico de geolocalización de redes móviles con eficiencia energética” y por el “Diseño e implementación de un sistema autómata para la recopilación y análisis de datos textuales en medios electrónicos”, la Policía Federal pagó por estos dos trabajos en 2015 al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un total de 13 millones 454 mil 423 pesos.
Por estudios y encuestas, principalmente acerca de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia que pretende dar una solución a las carencias alimentarias que existen en el país, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) erogó un total de 6 millones 739 mil 319 pesos, entre 2013 y 2015, por 10 asesorías.
Mientras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desembolsó para pagarle a la UNAM un total de 2 millones 878 mil pesos por dos asesorías en materia laboral y 324 mil pesos fue el pago al Bufete de Proyectos de Información y Análisis, por un estudio que permitiera a la dependencia entender y valorar el nivel de conocimiento e impacto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo y sus efectos en el empleo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como la agencia para la Agricultura y la Alimentación, son los dos organismos que realizaron, por adjudicación directa, los cuatro trabajos externos pagados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2013 y 2014, por los que pagó 3 millones 764 mil 434 pesos.
Por sólo dos trabajos enfocados a la evaluación de los procesos de programas presupuestarios hechos por el Instituto Sonorense de Administración Pública A.C., la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio en adjudicación directa a esa asociación civil 3 millones 886 mil pesos.
De los cuatro estudios financiados el año pasado con recursos públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tres fueron, en adjudicación directa, para la empresa Perma Consultores, SC en servicios de asesoría para política exterior. Por estos tres trabajos, la Cancillería mexicana pagó 962 mil 800 pesos.
Los sitios en línea de Transparencia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Marina (Semar), Función Pública (SFP), Turismo (Sectur), así como la Procuraduría General de la República (PGR) detallan que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto no han realizado estudios financiados con recursos públicos.
