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El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura y otros Tratos Crueles ratificó que esa práctica en México es generalizada y agregó que es alarmante que se utilice la violencia sexual por parte de las autoridades para obtener información o confesiones.
En marzo de 2015, el relator Juan Méndez sostuvo que la tortura era generalizada en el país y que comenzaba desde la detención hasta la puesta a disposición del Ministerio Público, lo que causó una reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que salió a decir que ese informe no reflejaba la realidad.
Dos años después, el relator sostiene su señalamiento al país.
En marzo de 2016, a Méndez le fue notificada la negativa para su visita a México, pues estaban programadas las de otros expertos. El relator buscaba darle seguimiento a su trabajo, pero no se concretó.
Al presentar el Informe de seguimiento del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México, que será abordado en la sesión del próximo 2 de marzo en el pleno del Consejo de Derechos Humanos, el informe al que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala siete recomendaciones y conclusiones.
Tras su visita, en 21 cuartillas concluye que a lo observado en su visita de abril y mayo de 2014 se suma un contexto de impunidad que se vive en el país, el cual es “grave”, puesto que “la falta de investigación de estos hechos es la regla”.
“En la última visita a México, el relator señaló que la tortura y los malos tratos son generalizados. A dos años de su visita lamenta informar que la situación no ha cambiado; varias organizaciones manifiestan que la tortura sigue siendo perpetrada de forma generalizada por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación. Esta es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo. Entre los métodos de tortura se aplican la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura sicológica”, dijo.
Los testimonios. En el documento se menciona que, de acuerdo con los testimonios obtenidos de 100 mujeres en prisiones federales, ellas reportaron que experimentaron violencia física en 97%, sicológica y verbal en 100%, y 72% reportó violencia sexual; además, 33 de ellas dijeron haber sido violadas; “en los 66 casos de mujeres que reportaron estos abusos sólo en 22 se abrió una investigación y han merecido acusaciones por violación sexual seis”, lamentó.
En el informe se documentó que sólo una de cada 20 presuntas víctimas de tortura que presentan quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son sometidas a un examen forense oficial por la Procuraduría General de la República (PGR).
Dijo estar preocupado porque representa un retroceso en el Poder Judicial de la Federación la tesis aislada CCV/2016, publicada el 19 de agosto de 2016 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “la cual plantea que no procede reponer procesos penales para investigar actos de tortura denunciados por la defensa, en aquellos casos en los que no que exista confesión o ‘autoincriminación’ de la persona acusada. Dicha tesis representa un retroceso en los pasos que había dado el Poder Judicial federal para erradicar actos de tortura, y podría tener como consecuencia la validación de condenas basadas en pruebas originadas en actos de tortura”, aseguró.
Órdenes de aprehensión. Otro de los puntos que resaltó el relator es que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, de la PGR, tiene 4 mil 715 expedientes de averiguaciones previas, de los cuales se han emitido 19 órdenes de aprehensión y sólo cinco se han cumplimentado.
“Además, todavía no existe un instituto nacional forense independiente, como ha sido recomendado por otros órganos internacionales de derechos humanos”, enfatizó.
Señaló que la figura del arraigo debe ser eliminada porque viola el derecho a la libertad personal, el debido proceso y el principio de presunción de inocencia; dijo que es ahí donde se presentan prácticas de tortura.
Informó que hasta abril de 2015 la PGR contaba con 2 mil 450 investigaciones en trámite sobre tortura, pero sólo se tienen 15 sentencias condenatorias entre 2006 y 2015.
Indicó que en algunos casos, los jueces —principalmente locales— no reciben denuncias por tortura o si lo hacen no son atendidas y no ordenan la realización de exámenes médicos.
“Existen al menos mil 600 peticiones pendientes de tramitación, y tan sólo 185 exámenes han sido practicados en 2014. El examen se realiza meses o años después de los actos de tortura, de forma deficiente o de manera tal que el perito termina concluyendo que no hay huellas” de ese delito.
Exhortó al Estado para que el Protocolo de Estambul se aplique de forma correcta e imparcial. El llamado a los jueces fue para que admitan estudios independientes hechos conforme a dicho protocolo.
“México debe hacer mejores esfuerzos para que la tortura, las desapariciones forzadas, la persecución a víctimas y defensores de derechos humanos y la impunidad dejen de formar parte de la cotidianeidad. Por ello, se alienta al Estado a dar cumplimiento a todas las recomendaciones formuladas en el informe”, agregó.
