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El sancionar de uno a tres años de prisión a quien cause algún daño al conducir por utilizar algún teléfono celular, generó un intenso debate al interior de la Cámara de Diputados este jueves.
El primero en subir a tribuna a defender este dictamen fue el diputado Álvaro Ibarra, quien dijo que este aumentó de sanciones se justifica debido a que se estima que al distraer la vista del camino para contestar una llamada o para observar la pantalla de un teléfono celular se incrementa un 400% la posibilidad de sufrir un accidente durante de la conducción. Por ello es necesario contemplar la prisión para que quienes por medio de un vehículo motor causen algún daño derivado de conducir y utilizar al mismo tiempo algún equipo de radiocomunicación sin el empleo de la tecnología necesaria.
Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena presentó una moción suspensiva para evitar que se aprobara este dictamen y a través de Vidal Llerenas cuestionó si era viable que se castigara con cárcel una conducta como esta.
“Esta conducta, la de textear, está ya penalizada en distintas formas administrativas. En todo caso, la persona cometería un delito que tendría una pena. Por lo tanto, que se pueda configurar esta conducta, muy difícil de probar, además, y que esta persona tuviera una pena de cárcel adicional. Es el tipo de uso populista del derecho penal que no resuelve los problemas de la sociedad y que otras sociedades”, describió Vidal Llerenas. Sin embargo su solicitud fue desechada.
En tribuna hablaron a favor y contra más de 10 diputados.
Este dictamen generó un intenso debate al interior de la bancada del PAN, pues algunos estaban a favor de aprobar el dictamen como estaba y otros buscaban modificarlo y fue Jorge Triana, quien presentó una reserva debido a que en nuestro país no existen “textímetros”.
“Hay un alcoholímetro –y repito la palabra– alcoholímetro. El alcoholímetro es ciencia, el alcoholímetro es medición, el alcoholímetro son parámetros. Señoras y señores, no existen los textímetros. Y al no existir los textímetros, caemos en la ambigüedad, en la ambigüedad legislativa, y al caer en la ambigüedad legislativa estamos violentando dos principios que son elementales y que debemos seguir escrupulosamente al momento de llevar a cabo nuestro trabajo. El principio de proporcionalidad y el de taxatividad consagrados en el artículo 14 constitucional, que nos dice que ni por analogía ni por mayoría de razón debe de haber ningún tipo de duda sobre el encuadre en el tipo penal. La acción que se está sancionando con prisión debe describirse de manera escrupulosa, de manera exacta”, dijo.
Agregó: “¿Quién nos comprueba, señoras y señores, que se estaba texteando? ¿Cómo se sabe si nada más estaba viendo el teléfono? Dice que emplear aparatos de radiocomunicación. Para empezar el teléfono celular usa microondas, no señales de radio; pero, bueno, ése es otro tema. Pero, ¿quién nos va a comprobar que realmente la consecuencia de lo que veníamos haciendo en el automóvil fue el daño material o hasta de pérdida de vidas humanas? La pena es, señoras y señores, desproporcionada”, cuestionó.
Y propuso que la facultad de verificar quién textea sea de los gobiernos estatales, sin embargo su reserva fue rechazada.
Al final, el dictamen fue avalado con 239 votos a favor y se envió al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
