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carina.garcia@eluniversal.com.mx
El titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, informó que el caso del ex líder del PVEM, Arturo Escobar, a quien acusó por delitos electorales, fue desechado por una juez.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscal es claro: no busca ser consejero del INE.
Nieto Castillo, quien hoy presenta su segundo informe de labores ante la PGR, adelanta que debido al incremento en los casos de condicionamiento y compra del voto, pondrá en marcha una aplicación para, vía telefonía celular, documentar casos y presentar denuncias de presuntos ilícitos durante las campañas y elecciones de junio en cuatro estados.
Revela un aumento en los casos de condicionamiento de programas sociales y compra del voto. Hoy, 34% de los asuntos de la FEPADE se refieren a esos dos tipos de conductas, cuando antes 92% de los casos se refería a asuntos relacionados con el Registro Federal de Electores, indicó.
Dice que está concentrado “sin filias ni fobias”, a seguir al frente de la FEPADE, aunque lo encarten al INE.
Hay propuestas que han planteado al Legislativo para ampliar la capacidad de la FEPADE en el combate a delitos electorales. ¿Hay pendientes en la fiscalía por falta de esta legislación?
—Sí, para que se tipifique como delito grave que amerite cárcel el condicionamiento de programas sociales. Estamos luchando por lograr la tipificación de la violencia política contra la mujer como delito electoral.
Hoy ningún delito electoral es grave y todos ameritan libertad condicional. Además hemos propuesto que se amplíe el tipo penal, para que no sólo en campañas se pueda sancionar la presión de servidores públicos a sus subordinados, pues muchas veces lo hacen en precampaña para que no se actualice el delito.
También se requiere facultad de atracción en casos no sólo en donde el INE es el que organiza la elección, estén involucrados programas sociales federales o servidores públicos federales, sino en aquéllos casos de trascendencia que se encuentren en las entidades federativas.
Se necesitaría actualizar además el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada con facultades establecidas por ley —y no por reglamento— porque el tipo de delincuente electoral es distinto al que comete otras conductas: son servidores públicos, funcionarios de partidos, ministros de culto, funcionarios electorales y se requieren las mejores herramientas para poder sancionar.
¿Eso daría más fortaleza para enfrentar presiones políticas a la Fiscalía? ¿Las ha sufrido?
—Si uno no se deja presionar, no hay presiones, como diría el ex magistrado Leonel Castillo.
¿Qué pasó con el caso Verde y el ex senador Arturo Escobar?
—Ejercí la acción penal porque consideré que estaban acreditados la responsabilidad y el delito. La juez que resolvió el caso estableció que el artículo invocado era inconstitucional, pues no establecía con certeza la ley a la que se hacía referencia. La ley electoral prohíbe la entrega de tarjetas o propaganda en la que se hagan promesas mediatas o inmediatas en dinero o en especie y las tarjetas Premia Platino violan, desde mi punto de vista, la ley. La juez determinó que no se aplicara el artículo de la ley y yo soy respetuoso, aunque no esté de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Ese ha sido el caso más difícil que ha enfrentado, ¿o hay otro?
—Hay otros casos que estamos encontrando en las elecciones, antes de 2014, 92% de los casos eran relativos al Registro Federal de Electores (RFE), cambio de identidad, domicilios irregulares, filtración de padrón.
¿Qué pasa? ¿Regresaron los mapaches o nunca se han ido?
—Creo que la reforma de 2007 al prohibir contratación en radio y televisión, y la de 2014 al cambiar el modelo de financiamiento de los partidos generó un efecto negativo y que se empezara a comprar el voto con más intensidad. Es un tema que tiene que ver no con partidos, sino con ejercicio de gobierno y de pobreza, mientras exista necesidad y marginalidad existe el incentivo perverso de dar dinero para poder condicionar el voto.
¿Entonces no hay tal mejoramiento de la democracia y legalidad de las elecciones?
—Nos vamos acercando en forma progresiva y paulatina a un mejor estadío en el cumplimiento de los principios básicos de la democracia, pero depende de todos.
¿Con prisión se desalentará la compra de voto?
—Que aumenten las penas no garantiza que no se presenten casos, necesitamos un sistema eficaz y que se sepa que todos los casos tendrán una pena. Eso es lo importante para nosotros, mandar un mensaje de que esas conductas son reprochables y se combatirán, no permiten la equidad.
¿Qué casos tienen pendientes?
—Se mantiene vivo un asunto relacionado con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por el presunto uso de recursos públicos [prerrogativas del PRI] en 2014. Está pendiente de resolverse próximamente el caso de los tuits en favor del PVEM, no sólo relacionado con los dirigentes sino famosos.
¿Qué pasa si no se cambia el marco jurídico, si no se adecúa a estas necesidades que se han revelado con tanta vuelta a la ley y ‘triquiñuela’? ¿Qué riesgos hay para 2018?
—Con las reformas se mejoraría la calidad del sistema, lo que plantearía es que necesitamos difundir las conductas para inhibirlas. Se mejoraría la calidad del sistema. Necesitamos difundir conductas para inhibirlas.
La FEPADE es una institución chica, es 0.7% del presupuesto de los órganos electorales federales del país, necesitamos su fortalecimiento porque en 2018 tendremos 30 elecciones, renovación del Congreso y el Ejecutivo. Serán más de 160 mil casillas.
Entonces, debemos fortalecer con marco jurídico más presupuesto. Por eso se aplicará un sistema de atención ciudadana a partir de una aplicación celular, y quien la baje podrá tomar fotografías y videos y subirlos de manera inmediata. Será un sistema geo referenciado para que se puedan iniciar investigaciones, y en su caso se realizarán peritajes. Este sistema se presentará también al INE.
Ahora que mencionó al INE, ya se emitió convocatoria para ser consejero electoral. ¿Se anotará?
—De ninguna manera, no estoy interesado. Es importante continuar con los proyectos institucionales, legitimar a la FEPADE ante la sociedad a partir de la resolución de casos paradigmáticos que generen mensajes de ‘no’ a la impunidad y que las elecciones se desarrollen con apego a los principios. Tengo un compromiso con el Senado, que me designó para cumplir mi función con imparcialidad.
