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La Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos, así como del decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas expedidas por el gobierno estatal de Zacatecas.

El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, presentó el pasado 14 de febrero la controversia constitucional para pedir la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, así como los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación referente al cobro de impuestos en la entidad.

Lo anterior es con el argumento de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna (PRI) y el Congreso del estado invadieron facultades que corresponden a la Federación.

Se trata del nuevo impuesto por remediación ambiental en la extracción de minerales, previstos en la Ley de Hacienda de Zacatecas 2017, que grava la extracción de esos materiales, incluyendo los productos derivados de su descomposición, que no sean del dominio exclusivo de la Federación.

“Es importante hacer el señalamiento de que Zacatecas se encuentra facultado para establecer contribuciones por la extracción de minerales no reservados a la Federación y que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como materiales del suelo y subsuelo, incluyendo los productos derivados de su descomposición, cuando la extracción de dichos materiales no necesite trabajos subterráneos”, señala la Ley de Hacienda de la entidad.

En enero pasado, el gobernador Alejandro Tello aseguró que el Impuesto de Responsabilidad Ecológica “no se trata de una imposición deliberada para las empresas, sino de un acto de estricta justicia social” para el pueblo de Zacatecas.

“Es una muestra de reciprocidad, que representa muy poco si lo comparamos con la riqueza que el subsuelo zacatecano le ha dado al mundo desde hace siglos. Estoy enfrentando una dura batalla; el sacarla adelante no es un triunfo de un servidor, insisto, es un acto de justicia para Zacatecas, y tengan la certeza (que se hará) sin afectar los empleos existentes de nuestra gente”, explicó.

Así, por medio de ese gravamen el gobierno estatal pretende recaudar mil 230 millones de pesos por año.

El impuesto será recaudado a través de cuatro modalidades: remediación ambiental, emisión de gases a la atmósfera. emisión de contaminantes al suelo y agua, y depósito o almacenamiento de residuos.

Como parte del impuesto, la administración local impulsó un estímulo fiscal para quienes obtengan margen de disminución de contaminantes en un año equivalente a 20% del impuesto que le corresponda pagar en el ejercicio inmediato siguiente.

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