El presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Luis Eduardo Medina Torres, planteó que sería viable reducir las prerrogativas partidistas para sujetarlas sólo a gastos de campaña, como alternativa ante los “exorbitantes” gastos en procesos electorales, derivados del “precio de la desconfianza” del votante mexicano.
El también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisó que uno de los rubros que elevan el gasto electoral son los sistemas de seguridad en la documentación electoral, a los cuales se aplican “candado sobre candado”, debido a la desconfianza ciudadana.
El proceso electoral en su conjunto “es muy caro; cada boleta cuesta alrededor de 900 pesos, éste es el precio de la desconfianza en México”, sostuvo el investigador y doctor en estudios sociales y procesos políticos.
Los gastos electorales, explicó, han subido por la organización electoral y las campañas –“si bien son parecidos al de otros países”– así como el financiamiento a partidos políticos y de registro de electores. Éstas dos últimas variables elevan los costos de manera “exorbitante”, indicó.
El politólogo especificó que los dineros públicos que los partidos políticos reciben en años no electorales para su administración y gestiones sociales deberían ser distribuidos por militantes, y eventualmente, por sus dirigentes.
Entrevistado, el profesor de teoría política puntualizó que el único financiamiento público que deberían tener los institutos políticos son los gastos de campañas acotados a un periodo determinado y distribuidos de manera equitativa.
Medina Torres, catedrático en la maestría en derecho procesal constitucional y electoral que se imparte en Tuxtla Gutiérrez, señaló que la Constitución y la legislación electoral establecen que los partidos políticos son entidades de interés público, aunque su origen no es éste, sino las iniciativas de carácter privado, donde grupos ciudadanos decidieron registrar una organización política y someterse a los requisitos ordenados por la autoridad electoral.
La estructura partidista, detalló, es una construcción legal de 1977, ya que la noción histórica de partido político es de entidad de interés privado, no como hoy se tiene de entidad de interés público, “que no termina de estar ni en el derecho privado ni el público, está a medio camino de los dos”, expresó.
Algo semejante ocurre, comentó el catedrático e investigador, en el ámbito financiero de los organismos públicos electorales locales, porque éstos derivaron de la centralización de su designación, pero se descentralizó la asignación de recursos económicos, “lo cual es una pésima decisión”, subrayó.
Si los OPLES son designados por una autoridad nacional, quien tendría que asignar el dinero para éstos sería el Congreso de la Unión, “ahí estaría la respuesta, no en los Congresos locales”, aseveró.
Pero mientras se mantenga este esquema, la ruta sería de acuerdo con presupuestos locales mediante un porcentaje específico para el mantenimiento financiero, reducirlo cada año y establecer un monto determinado en el año electoral.
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