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De acuerdo con la petición de desafuero que entregó la Fiscalía General de Veracruz contra el diputado federal Antonio Tarek Abdalá Saad, éste habría recibido 2 mil 300 millones de pesos, en 23 transferencias en noviembre y diciembre de 2014, cuando fungía como tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad. Recursos que provenían de los fondos del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).
El documento entregado por el fiscal Jorge Winckler Ortiz a la Cámara Baja resalta que el pasado 19 de enero de 2017, Leonel Bustos, reconoció ante la juez de control, Verónica Portillo Suazo, la existencia de oficios de solicitud y la realización de las transferencias.
La solicitud detalla que el 28 noviembre de 2014, en tan sólo 20 minutos, se realizaron 11 transferencias por mil 200 millones de pesos, entre las 17:23 y las 17:44 horas; mientras que el 10 de diciembre del mismo año, en 10 movimientos bancarios se depositaron recursos por 850 millones pesos, a las 18:50 horas.
El 16 de diciembre, se registraron dos transferencias por 250 millones de pesos, a las 14:48 horas, que sumado con las otras cantidades da un total de 2 mil 300 millones de pesos.
Esto según lo declarado por el director general del REPSS, Leonel Bustos Solís, y por el titular de dicho organismo, Mauricio Martín Audirac Murillo, quienes ya se encuentran detenidos y sustentaron que las acciones ilegales que se les imputa fueron por “acción y solicitud” de Abdalá Saad.
“De la misma declaración se desprende el hecho de que esas acciones ilegales desplegadas por Antonio Tarek Abdalá Saad eran reiteradas, con lo que corresponde el ejercicio penal en su contra, no sólo por esa carpeta de investigación, sino que debe ampliarse en su contra por todas las reiteraciones de conducta atípica”, señala el texto.
La petición entregada el 26 de enero, resalta que durante su gestión como tesorero, la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en el manejo de los recursos encomendados en razón de su cargo, lo que llevó a procedimientos disciplinarios administrativos, instruidos por la Contraloría General de Veracruz, de las cuales se concluyó la responsabilidad administrativa de Tarek Abdalá.
Desprendido de lo imputado por la ASF, la Fiscalía Especializada en delitos Relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos ordenó la apertura de carpetas de investigación para “indagar posibles conductas delictivas” del diputado.
La primera de ellas, señala que el 4 de noviembre se abrió una investigación por el probable delito de abuso de autoridad y peculado, por la omisión y registro de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y la Ciudad de México, por un monto de 278 millones 780 mil 420 pesos, entre otras irregularidades.
La demanda solicita quitarle el fuero, “puesto que la autoridad judicial no podría librar la correspondiente orden de aprehensión”.
