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La Constitución debe ser clara y cercana a los ciudadanos para que éstos la hagan suya, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, durante la inauguración del 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se llevó a cabo en el Palacio de Minería.
Reconoció que en el caso de nuestra Carta Magna, ésta se ha venido haciendo “extensa, compleja, confusa y a veces hasta contradictoria”, derivado de las modificaciones y reformas a las cuales ha sido sometida en los últimos 100 años; sin embargo, idealmente el texto constitucional no debería ser tan lejano a la ciudadanía.
“El sitio donde la palabra escrita tiene el mayor valor y la mayor trascendencia es en el texto constitucional.
“Por ello, una Carta Magna debe ser clara, precisa, cercana a los ciudadanos para que la hagamos nuestra, la recordemos y la defendamos como el símbolo jurídico al cual adherirnos para poder vivir en paz y progresar”, dijo.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM propuso una ley de desarrollo constitucional que permita ordenar el texto vigente y compactarlo para quitarle especificaciones innecesarias que lo hacen confuso, complejo, inexacto y en ocasiones falto de veracidad.
El constitucionalista Diego Valadés, quien elaboró la propuesta junto con el investigador Héctor Fix Fierro del IIJ, explicó que se busca reordenar el texto constitucional en el marco del centenario de su promulgación, el cual se cumple el próximo domingo, para quitarle elementos reglamentarios que no deberían estar presentes en la Carta Magna.
“Hemos sistematizado la Constitución para darle orden y la hemos consolidado para que muchos de sus aspectos reglamentarios puedan ser tras-ladados a una Ley de Desarrollo Constitucional y con eso permitir que todos los ciudadanos puedan leer y comprenderla”, explicó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, ejemplificó que no hay necesidad de que la Constitución especifique la duración que deben tener los spots de los partidos políticos durante las campañas electorales puesto que esa especificación debe ser determinada por la institución correspondiente, en este caso el Instituto Nacional Electoral (INE).
Mientras que otros elementos que aparecen en la Carta Magna son falsos en la realidad, como que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dependen del Poder Judicial, lo que en la realidad no ocurre.
“En los hechos eso es mentira, pero eso es lo que dice el papel, y dice que tenemos como derecho fundamental el Banco de México y que nuestro derecho fundamental se llama Comisión Nacional de Telecomunicaciones, lo cual es una mentira. Las constituciones no pueden mentir y el caso de la mexicana es que dice muchas inexactitudes. Hay que poner las cosas en su lugar, hay que aligerar el texto y entonces la población podrá volver a leer la Constitución, entenderla y la hará suya”, mencionó Valadés.
En su edición del miércoles, El Gran Diario de México publicó los resultados de la tercera encuesta que realizó el propio instituto sobre las percepciones y el conocimiento acerca de los contenidos constitucionales; el reporte refleja que al llegar al centenario de la Carta Magna, los mexicanos desconocen sus derechos ahí enunciados y consideran que el texto no corresponde con la realidad actual, e incluso la fecha en que fue aprobada.
La Constitución mexicana cuenta con 136 artículos que en 1917 estaban escritos en alrededor de 22 mil palabras, un siglo después, se acercan a 67 mil palabras; de los artículos originales 22 no han cambiado, lo que representa a 16% del articulado constitucional. Si se mide en palabras, sólo subsisten intactas mil 160 palabras que corresponden a esos 22 preceptos, lo que equivale a 5.2% del texto aprobado por la Constituyente posrevolucionaria, y al 1.7% del vigente en la actualidad.
En la actualidad, apenas siete de las constituciones vigentes en el mundo son anteriores a la mexicana; de ellas, seis corresponden a regímenes monárquicos, por lo cual la nuestra es la segunda Constitución republicana en vigor más antigua del planeta.
Al término de la inauguración del 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Pedro Salazar Ugarte, director del IIJ, profundizó que la encuesta muestra que hay mucha distancia entre la ciudadanía y las instituciones, una profunda desconfianza hacia los actores políticos, enfado justificado con el tema de la corrupción, y eso se traduce en un distanciamiento con el texto constitucional.
Explicó que el texto original de 1917 reflejaba los ideales revolucionarios de la época, pero se ha vuelto muy confusa y complicada por los cambios y reformas que ha sufrido. Aún refleja la realidad de la sociedad mexicana pero, como esta llega a ser, de una forma confusa, diversa, compleja e incluso contradictoria.
“El gran reto que tenemos ahora en 2017 es recuperar los contenidos básicos que le dan identidad a nuestro texto constitucional y lograr, ojalá así sea, que las personas se apropien de su sentido. Las normas constitucionales son instrumentos artificiales que las personas creamos para la convivencia, su utilidad depende de que las conozcamos, las hagamos propias y las utilicemos”, señaló.
“Debemos convertir a la Constitución en lo que debe ser: una norma útil que rija todos los aspectos complejos de nuestra convivencia”, afirmó Salazar Ugarte.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que el país no debe dejar de lado la defensa de la Constitución, ni bajar la guardia en la defensa de los derechos humanos. La prueba de la importancia de esta defensa es que a diario, enfrentamos una realidad paradójica en la que se reivindican nacionalismos exacerbados.