Más Información
justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) mantiene abierta una investigación en la que se intervinieron equipos de cómputo, se revisan teléfonos celulares y el patrimonio de los cinco servidores públicos cesados debido al hallazgo de dinero en la cajuela de un vehículo oficial.
Fuentes del gobierno federal confirmaron que hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de dinero que fue hallado en el automóvil adjudicado a la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, puesto que desde el momento en que revisaron el vehículo, el viernes pasado, derivado de una denuncia anónima, evitaron tocarlo para no alterar las evidencias.
Entre el viernes y el sábado pasados, la Contraloría del CJF tomó las declaraciones de los funcionarios involucrados en el uso del vehículo, así como en el registro de sus entradas y salidas, una vez hecho lo anterior, el automotor fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que aseguró el automóvil y el dinero, y se encargará de determinar la cantidad.
EL UNIVERSAL confirmó que el dinero se encontraba en una bolsa de basura en la cajuela del vehículo y que el Ministerio Público tomó registro fotográfico del mismo y de las entradas y salidas del edificio del CJF en el que se encontraba.
Derivado de ello, Francisco Javier Pérez Maqueda, director General de Inmuebles y Mantenimiento, y cuatro funcionarios cercanos a él, incluido Juan Carlos Hernández Paredes, chofer de Pérez Maqueda, fueron cesados para evitar entorpecer las pesquisas que realiza tanto la Contraloría del CJF como la PGR.
Las otras personas que fueron suspendidas de sus funciones son: Ricardo Michel Hidalgo González, coordinador técnico; Paola Graciela Silva Larios y Rodolfo Martínez Quintero, ambos con el cargo de secretarios técnicos, cuyas funciones estaban involucradas en la toma de decisiones del área encabezada por Pérez Maqueda y encargada de las licitaciones.
Como parte de la indagatoria administrativa, la contraloría revisa las licitaciones más significativas de la gestión de Pérez Maqueda, que se refieren a la remodelación y construcción de los centros de Justicia Penal a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tijuana, Oaxaca y Tlaxcala.
Hasta el momento, la contraloría no ha encontrado irregularidades en la adjudicación de los contratos del Centro de Justicia de Apizaco, Tlaxcala, confirmaron fuentes federales.
Indicaron que al igual que la Contraloría del CJF, la PGR deberá investigar el patrimonio de los cinco funcionarios para que en caso de existir algún incremento injustificado, se pueda configurar algún delito como enriquecimiento ilícito.
Por ello, el Consejo de la Judicatura Federal colabora con la investigación penal iniciada por la PGR.
Centros de Justicia cuestionados. A Pérez Maqueda le correspondió conocer de las adjudicaciones a la Sedena para la construcción de los centros de Justicia Penal en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades.
Según el informe de la Cuenta Pública 2015 de la ASF, la Judicatura federal otorgó a la Sedena 624 millones 953 mil pesos para la construcción de cinco centros de Justicia Penal en Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala.
Derivado del hallazgo de la bolsa con dinero en un vehículo, Pérez Maqueda, y cuatro funcionarios más fueron cesados y los contratos más significativos son investigados.
Entre ellos, el de la construcción de los centros Penal de Oaxaca y de Tlaxcala, que junto con los de Baja California Sur y Chiapas, la ASF señaló que la Judicatura federal no obtuvo la comprobación del pago de 65 millones 252 mil pesos a la Sedena.
Conforme a la investigación administrativa realizada por la Contraloría del CJF, aún no han sido halladas irregularidades en la adjudicación del proyecto de Apizaco, Tlaxcala; sin embargo, la ASF detectó que para éste y para el de Chiapas, el consejo aprobó el pago de 2 millones 415 mil 300 pesos sin verificar que los volúmenes de obra correspondieran con los incluidos en los generadores y en los planos entregados por la Sedena.
En el Centro de Justicia Penal Federal en Apizaco, Tlaxcala, del que se pagaron 201 millones 763 mil pesos, hasta agosto de 2016 aún continuaba en obra, pero estaba operando.
En las cuentas pública 2014 y 2015, la auditoría detectó que de las construcciones en Durango, en la Ciudad de México, Tlaxcala, Nuevo León, Baja California Sur y Oaxaca, el CJF no comprobó el gasto de 998 millones 656 mil pesos.
