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En Estados Unidos viven 585 mil jóvenes mexicanos considerados “dreamers” que están en riesgo de regresar deportados a México ante las políticas migratorias del presidente de ese país, Donald Trump.
Entre los migrantes que regresan al país, 80% son personas preparadas que hablan inglés y tienen habilidades laborales para reinsertarse en el país.
Sobre el tema, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, dijo que de 2013 a 2016 regresaron al país 998 mil mexicanos deportados por el gobierno estadounidense. Tan sólo en 2016 volvieron 219 mil, de los cuales 13 mil 746 eran menores de edad, la mayoría sin la compañía de un adulto.
En enero de 2017 volvieron 12 mil 447 paisanos, cantidad menor a los 13 mil 93 mexicanos que retornaron en enero 2016, lo cual refleja que “no es inmediato el reflejo del Ejecutivo de Estados Unidos ni sus acciones”, dijo el titular del INM durante la primera de cinco sesiones que se celebran en el Congreso de la Unión para revisar la iniciativa preferencial del presidente.
Todos los paisanos repatriados regresan con un registro criminal porque en Estados Unidos la inmigración indocumentada es un delito pero, dijo Vargas Fosado, en el perfil que analiza el Instituto Nacional de Migración se encuentra que no son criminales, sino personas “buenas” que fueron a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida.
“Cada vez recibimos más migrantes mexicanos en retorno. Por lo menos el 80% de ellos venía hablando inglés y con habilidades distintas para insertarse a la vida productiva de México. Necesitaban empleo y recibir la oferta institucional de todos los programas; llegan sin CURP, sin un acta de nacimiento, no tienen acceso a los programas por este mismo motivo y a la educación. Cuando ellos retornaban con familia, bueno, el peregrinar era peor”, agregó.
Ante este contexto, es necesario otorgarles “flexibilidad máxima” para que puedan reintegrarse a México y continúen estudiando, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, durante la primera de cinco audiencias públicas para el análisis de la iniciativa preferente en materia educativa con la participación de legisladores de las cámaras de diputados y senadores.
El funcionario reconoció que hasta el momento, los migrantes de retorno han pasado por “historias de terror” generadas por las trabas burocráticas y los elevados costos de los procedimientos como la apostilla y la traducción realizada por peritos para obtener sus documentos de identidad y para reinsertarse en el sistema educativo nacional.
“Ahorita lo que necesitamos como país es flexibilizar, manteniendo criterios fundamentales para evitar casos fraudulentos pero en este momento necesitamos la mayor flexibilidad posible, ante la circunstancia que tenemos”, agregó.
“Darles la bienvenida a los jóvenes que regresan, y no hacerles la vida imposible”, dijo.
