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carina.garcia@eluniversal.com.mx
Lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que hacer es un ejercicio de racionalidad en el gasto para ahorrar recursos, “no un acto de contrición público”, sostiene el consejero Benito Nacif Hernández, quien insiste que la reducción de 10% a las percepciones de los consejeros electorales es inconstitucional y no arrojará ahorros significativos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, luego de que el pasado 2 de febrero impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reducción de los salarios de consejeros y personal de mando del instituto —32 funcionarios— como parte de un paquete de medidas de austeridad, considera que es conveniente revisar ajustes a programas y proyectos que pueden generar mayores ahorros y reducir los apoyos que reciben los consejeros, por ejemplo en gasolina o alimentación, pues esos “no están protegidos por las disposiciones jurídicas”.
Acepta que su decisión de impugnar los acuerdos de la Junta General Ejecutiva ha desatado polémica. Su acción, dice, no ha sido popular, pues hay quien no entiende que no es un asunto económico, sino de legalidad, pero ahora toca al TEPJF resolver.
Al impugnar el acuerdo de reducción de salarios de consejeros del INE, ¿usted está pagando el precio de esa impopularidad?
—Yo estoy haciendo mi trabajo como consejero, que es revisar que en el INE no solamente los acuerdos que vota el Consejo General, sino la Junta [General], se apeguen al principio de legalidad. Sentí que mi deber era poner este asunto en manos de la autoridad jurisdiccional porque, tras leer la Constitución y los precedentes relacionados con estos acuerdos, tengo dudas razonables sobre la legalidad de lo que resolvió la Junta General y quien puede resolver es el Tribunal.
¿Ha recibido apoyo? Parece que ha reunido a todos los críticos en su contra.
—He escuchado comentarios de distintos tipos. Trato de entender las críticas contra mi actuación, pues soy plenamente consciente de que estoy sujeto al escrutinio público y que la sociedad merece una explicación. He tratado de dejar claro qué fue exactamente lo que hice porque creo que ha habido mucha confusión.
Impugné acuerdos de la Junta General, pero la mía no fue una decisión personal, sino individual, porque el asunto es de interés público. El INE tiene que aplicar la Constitución siempre y ésta indica que las percepciones son irrenunciables, por lo que no se pueden modificar en el ejercicio de un presupuesto ni del cargo.
Pero si seleccionamos: “Mira, esta parte de la Constitución es correcta, pero mejor no la aplico”, la credibilidad de un órgano autónomo a largo plazo sí se puede ver afectada.
Dicen que se opone a las medidas de austeridad...
—Hay quien dice que mi única motivación es personal. Yo insisto en que soy partidario de la mayor austeridad posible dentro de la Constitución.
¿Qué debe hacer el INE entonces?
—Creo que lo que tiene que hacer el instituto es un ejercicio de racionalidad en el gasto que permita ahorrar recursos y devolvérselos a la Tesorería, no un acto de contrición pública.
La racionalidad debe ser nuestra guía, buscar en el presupuesto aquellas partidas cuyo impacto sea menor en el logro de las metas sustantivas, pero cuyo efecto de ahorro sea mayor; es decir, un equilibrio.
¿Esta polémica abre la ocasión para discutir los salarios de todos los servidores públicos del país?
—Sí, el tema de la reducción de salarios, ya que es una disposición constitucional la que la prohíbe. Es un tema que trasciende al INE. Creo que en ello radica la importancia de dar certeza jurídica a si esto se puede hacer o no.
¿Qué pide a los magistrados?
—Que den certeza jurídica más allá del caso particular.
Usted apareció en la conferencia en la que se anunció esta medida. ¿Para entonces usted ya había decidido impugnar o inicialmente estaba de acuerdo?
—Yo propuse que se estudiara jurídicamente el asunto antes de anunciarse la medida.
¿Es conveniente que se eliminen apoyos no integrados al salario, como los más de 11 mil pesos para alimentos o gasolinas?
—Es conveniente revisarlos a partir de una meta de ahorro, pues ciertamente no forman parte del salario y por lo tanto no están protegidos por las disposiciones jurídicas que de manera muy clara protegen el salario. Creo que hay que volverlos a revisar.
