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El Senado se prepara para emitir leyes con las que México pueda hacer frente a las posibles deportaciones de connacionales, con iniciativas de PRI y PRD, las cuales tienen por objetivo apoyar a los migrantes que retornen al país, así como reforzar la red consular con atribuciones adicionales y nuevas fuentes de financiamiento.
Una propuesta del PRD plantea la defensa de los derechos de los migrantes, dando prioridad al derecho a la unidad de las familias con un paquete de medidas de protección que estarían incluidas en una nueva ley para atención y protección de mexicanos en el exterior y su retorno favorable.
Una de las iniciativas del PRI propone que parte de los decomisos al crimen organizado, en dinero y bienes, se traduzca en aumento a partidas de los consulados para que puedan cubrir los gastos de asistencia a los migrantes deportados a México.
La iniciativa de ley perredista, que propone el senador Miguel Barbosa Huerta, busca que la defensa de los mexicanos en el exterior sea acelerada e incluya medidas específicas para que los connacionales puedan regresar al país con vehículo y bienes sin pagar impuestos por ello.
La propuesta incluye mantener una ventanilla única que lleve a cabo trámites ágiles y gratuitos, atendida por el Instituto Nacional de Migración (INM), para la atención integral y transversal de las personas en retorno, a fin de comenzar su reintegración digna y sostenible.
Con el objetivo de fortalecer los consulados en las medidas para la protección de los migrantes, la iniciativa prevé que se establezca un programa de asistencia legal y asesoría jurídica externa, con el que se atiendan casos de vulneración de los derechos humanos y aquellos en los que se esté en riesgo de separación de familias.
El senador Jesús Casillas Romero (PRI) presentó una iniciativa para que los mexicanos que retornen al país forzados por la política migratoria estadounidense se beneficien con trato de grupo vulnerable, por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
“Con ello se podría implementar programas y acciones para solucionar su problema y fomentar su desarrollo; contemplar a la población migrante que es originaria del campo en medidas de acceso a la salud, seguridad social, educación, alimentación, vivienda, equidad de género, cultura y recreación”, dijo Casillas Romero.
Marcela Guerra Castillo (PRI) propuso reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Extinción de Dominio, a efecto de que parte del dinero y los recursos que se obtengan de la enajenación de bienes del crimen organizado se destine a la red consular para la defensa de los mexicanos.
Guerra Castillo también presentó un proyecto de reforma a la Ley General de Población, para establecer los derechos de los repatriados en los lugares destinados a su recepción, que estén a la vanguardia de los derechos humanos y los tratados internacionales de los que México es parte.
El proyecto de ley para la atención de los migrantes de Miguel Barbosa expone que a los mexicanos en el exterior se les debe privilegiar su derecho a la unidad de las familias, los derechos laborales, sin importar su calidad migratoria, la certeza para la protección de su derecho de propiedad, así como el derecho a un retorno voluntario, ordenado y favorable.
Propone que la ley establezca que se debe dar atención médica a los mexicanos que regresan al país y garantizar su traslado a la institución de salud más conveniente al servicio médico que se requiera.
Llama a brindar atención para la localización de personas extraviadas durante el viaje de retorno, atención sicológica, en caso de que hayan sido víctimas de algún delito, asistencia vehicular y, en su caso, transporte a su lugar de destino.
Señala que el Estado facilitará que los connacionales que retornan al país accedan a los distintos ámbitos de la vida económica y social. Se establecen medidas provisionales de acceso a la educación, en tanto el migrante tramite los documentos de identidad o académicos para su incorporación al sistema educativo nacional.
