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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
El presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores del país acordaron implementar una enérgica estrategia de defensa jurídica de mexicanos que viven en Estados Unidos, ante eventuales oleadas de deportaciones por las medidas ordenadas por Donald Trump.
Tras analizar en privado, durante más de cuatro horas, la situación en que está el TLCAN, la construcción de una nueva agenda con EU y las acciones ejecutivas ordenadas por el presidente estadounidense en materia migratoria, los gobernadores cerraron filas con el Presidente de la República.
El Ejecutivo y los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), presidida por Graco Ramírez, gobernador de Morelos, acordaron desarrollar una férrea defensa jurídica de cualquier mexicano requerido por autoridades migratorias sin importar que esto pueda “congestionar” el sistema judicial del país vecino.
“Hoy más que nunca nos es muy relevante e importante abrir espacios de acercamiento y de diálogo con los actores políticos de Estados Unidos, más allá de los que históricamente el gobierno de México haya construido”, dijo Peña Nieto, según un comunicado de Presidencia.
Agregó que “México habrá de negociar a partir de sus fortalezas, de lo que aporta, en lo que coopera y es importante para el país [EU]”.
Al escuchar las propuestas y visiones de los gobernadores, dijo que ello enriquece la posición que el gobierno de la República tiene “al plantarse frente a otro país soberano, y en ejercicio de nuestra soberanía definir con toda claridad la posición que adoptamos”.
Gobernadores asistentes al encuentro realizado en privado en Los Pinos detallaron que al momento hay 250 mil casos en tribunales, pero que cada vez que haya un mexicano en riesgo de ser deportado de inmediato se actuará en su defensa jurídica.
Indicaron que además se buscará un diálogo directo entre la Conago y la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos para exponer la afectación de las acciones ejecutivas del presidente Trump en la relación económica y social en cada entidad.
Además, determinaron que cada casa del migrante —que tienen los estados de la República en diversas ciudades de Estados Unidos— se convierta de inmediato en consejería jurídica que actuará, en coordinación con la red consular mexicana, en defensa de los connacionales ante cualquier intento de deportación. Los estados de la frontera norte —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— se reunirán en breve en Monterrey para definir una agenda bilateral con los estados fronterizos de Estados Unidos, además de dialogar con los actores políticos, económicos, artistas e intelectuales que se oponen a las políticas del presidente Trump.
Reunión en febrero. El 23 y 24 de febrero los gobernadores del Estado de México, Guanajuato y Morelos, en representación de la Conago, se reunirán en Washington con representantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de EU para un diálogo de pares.
“Sí, hubo un cierre de filas para fortalecer al Estado, y quien lo encabeza es el Presidente de la República. Todos en la Conago firmamos y respaldamos las acciones del Estado mexicano, que lo comprendemos todos”, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca (PAN).
El mexiquense Eruviel Ávila (PRI) dijo que hay un cierre de filas de los gobernadores en torno a la unidad nacional y al Presidente de la República, y que esa entidad está lista ante estos escenarios. “Se dejó el tema del muro como una parte que no se va a discutir en este momento a nivel internacional, pero manifestamos la mayoría el rechazo a su construcción”, agregó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval (PRI).
“Es hora de defender nuestra soberanía, de afianzar nuestra economía, de cuidarnos y de proteger a quienes viven fuera de nuestra frontera”, dijo Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, a través de su cuenta de Twitter.
