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Este miércoles entrará en vigor la nueva Ley General de Víctimas que establece diversas facultades de atracción y reparación del daño para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ello luego de que el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que expide la norma.
De acuerdo con la ley, la CEAV dejará de ser un órgano colegiado, el cual estará a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.
Así el comisionado tendrá a su cargo designar a los responsables del Fondo de Recursos, la Asesoría Jurídica y el Registro Nacional de Víctimas.
De acuerdo con el quinto transitorio, por única ocasión, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal —previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia— remitirá al Senado la propuesta de nombramiento del comisionado ejecutivo, quien durará en el cargo tres años.
En adelante la designación del comisionado ejecutivo se realizará según el proceso establecido en la ley.
Los comisionados nombrados por el Senado el 8 de octubre de 2013 y que estén en funciones dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido, a la entrada en vigor del decreto.
El Ejecutivo federal deberá realizar los cambios al reglamento de esta ley durante los próximos seis meses hábiles, mientras que la CEAV deberá emitir lineamientos en un plazo no mayor a 90 días.
La norma flexibiliza los mecanismos de acceso a los recursos del Fondo para Atención a Víctimas, al fortalecer el otorgamiento de medidas de apoyo, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación, que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que estaban sujetos a mecanismo burocráticos.
Los recursos de ayuda y a diversos gastos, como alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permitan a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
También se establece la obligación de las entidades de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas.
Con ello, la CEAV y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o estatal, según corresponda, proporcionar recursos de ayuda.
El dictamen destaca que la mayoría de delitos que se cometen en el país corresponden al fuero local, por lo que “un importante universo de víctimas de delitos de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la ley”.
Por ello se facultó a la CEAV para que pueda atraer e intervenir en la atención y, en su caso, en la reparación del daño a víctimas en casos del fuero local.
Según el artículo quinto transitorio, la estructura orgánica de la CEAV se modifica y de un órgano colegiado se transforma a una institución a cargo de un solo comisionado ejecutivo, quien por única ocasión, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la reforma, será propuesto por el Ejecutivo federal y aprobado por el Senado.
La CEAV informó que con esta disposición termina la gestión del comisionado presidente Julio Hernández Barros y del comisionado Adrián Franco Zevada, quienes fueron nombrados en octubre de 2013.
A partir del 4 de enero, el doctor Rubén Vasconcelos, director general de la Asesoría Jurídica Federal, estará a cargo de la comisión, en tanto se designe al comisionado ejecutivo.
Durante la gestión de Hernández Barros como comisionado presidente, del 10 octubre al 30 de diciembre de 2016, la CEAV entregó 64.6 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), al agilizar los trámites para la entrega de recursos, con una atención más eficaz y cercana a las víctimas directas e indirectas.
La cifra entregada equivale a 62.9% de los recursos que se erogaron en el periodo de noviembre de 2014 al 9 de octubre de 2016, lapso en el que se otorgaron 102.7 millones de pesos con cargo al FAARI.
En la administración de Hernández Barros se apoyó de forma adicional a un total de 2 mil 449 víctimas directas e indirectas con el pago o reembolso de sus gastos por un monto de más de 8.9 millones de pesos por conceptos como traslados a comparecencias ante el Ministerio Público, diligencias en juzgados, presentaciones en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pagos por alimentación y hospedaje, y para recibir atención médica o sicológica.
