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Los senadores del PAN Roberto Gil, Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle adelantaron que presentarán una iniciativa de reforma para eliminar el financiamiento público que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias, reducir hasta 50% los recursos para las campañas electorales y derogar el sistema de doble subsidio, nacional y local.
Afirmaron que de eliminarse este financiamiento, los mexicanos ahorraríamos cada tres años 12 mil 416 millones 181 mil 261 pesos, en términos nominales. Reconocieron que el fortalecimiento del sistema de partidos ha sido una de las claves del éxito de la transición democrática; sin embargo, las prerrogativas de estos institutos han crecido sustancialmente en las últimas tres décadas.
Los legisladores detallaron que el crecimiento de los recursos que cada año se les entregan para sufragar su operación cotidiana y actividades de promoción del voto ha sido notable y ha creado un incentivo perverso: el incremento sin control del costo de la competencia electoral.
Por ello exigieron que se haga una revisión integral del modelo de financiamiento de los partidos políticos, a fin de recuperar su valor como instrumentos útiles.
“Para renovar su pacto con los ciudadanos deben tener menos privilegios, más cercanía, lealtad con el cumplimiento de las reglas y un compromiso con la austeridad”, dijeron.
La iniciativa plantea eliminar los fondos de financiamiento público para actividades ordinarias, específicas (educación, capacitación, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales), así como los subsidios postales y telegráficos, de modo que los partidos sólo reciban recursos públicos durante los procesos electorales federales y locales.
Este dinero lo reciben año con año —incluidos aquellos años en los que se celebran elecciones— y es independiente al que se les asigna para el sostenimiento de sus actividades tendientes a la obtención del voto.
También proponen elevar el umbral para recibir financiamiento para actividades dirigidas a la obtención del voto de 3% a 5%, sin alterar otras prerrogativas y derechos que dependen de la obtención de un número mínimo de votos.
Bajo esta lógica, los partidos de nueva creación no recibirían financiamiento público en tanto no acrediten dicho umbral.
Aquellos que superen el umbral del 3% podrán subsistir y participar en los procesos electorales, recaudar financiamiento privado, gozar de la prerrogativa de radio y televisión e incluso tener acceso a cargos de elección popular por el principio de representación, pero no recibirán recursos públicos para campañas electorales.
Plantearon reducir el financiamiento para actividades dirigidas a la promoción y obtención del voto que los partidos realizan durante el proceso electoral.
El texto señala que los partidos con registro nacional reciben recursos para actividades ordinarias, específicas, subsidios y para actividades de campaña tanto del INE como de los respectivos órganos electorales locales.
De aprobarse la iniciativa, los partidos políticos nacionales recibirán sólo recursos del INE.
