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México requiere pensar en una nueva fase de modificaciones constitucionales, una nueva reforma agraria en la que se debiera considerar la manera de convertir o repensar y administrar los 100 millones de hectáreas que continúan siendo de uso ejidal y comunal, que lleva a convertir a sus propietarios en socios de las empresas para fomentar el desarrollo de los sectores turístico, industrial o la reforma energética.
En entrevista con EL UNIVERSAL y a poco de que se cumplan 25 años de la publicación de la Reforma Agraria, el 26 de febrero de 1992, y previo a la celebración del centenario de la Constitución, Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Superior Agrario, vislumbra la necesidad de plantear una nueva reforma al campo.
Señala que la reforma del presidente Lázaro Cárdenas del Río quedó rebasada porque tenía una visión de Estado paternalista, y reconoce que la de Carlos Salinas de Gortari en 1992 tiene muchos pendientes, entre ellos que no ha podido sacar de la pobreza a los pequeños productores —propietarios de cinco hectáreas—, ni ha logrado garantizar que los incentivos y apoyos se entreguen de manera generalizada.
Comenta que, si bien todavía no se ha planteado, la nueva reforma agraria debería considerar la manera de convertir a los ejidatarios y comuneros en socios que impulsen el turismo o la industria. Dice que es necesario garantizar que los campesinos vendan sus tierras a precios justos y no por debajo de su valor comercial, y que ellos también se beneficien de los réditos que buscan los empresarios o privados que adquieren sus tierras.
¿Qué tan por debajo del precio comercial se están pagando esas tierras?
—No hay un estudio riguroso, pero la norma agraria dice que la primera venta debe realizarse cuando menos al avalúo que emitan las instituciones. Necesitamos que los ejidatarios tengan ese avalúo como piso para vender. A veces no saben que es obligatorio, no tienen dinero ni saben el rendimiento que va a generar. Ahí entran el acompañamiento y la información; y los notarios públicos, que son fundamentales para que no se pague a los ejidatarios menos del valor comercial.
Entonces, ¿cómo están decidiendo los ejidatarios en cuánto vender?
—En muchos casos se están dando los avalúos. Necesitamos trabajar en que todos los servidores públicos desarrollemos una ética de la cultura y la legalidad; que los valuadores verdaderamente reflejen siempre el valor comercial de las tierras y que no estén sujetos a lo que les requiera una parte.
¿Se ha creado un mercado alternativo en el que los valuadores responden a intereses de empresas y particulares?
—Podría ser, es un elemento a discutir. En la reforma energética se establecieron estándares para el pago de las contraprestaciones para la ocupación de la tierra en la industria de hidrocarburos y energética, y la nueva legislación está emitiendo tabuladores municipales para establecer el piso de cualquier negociación. Sí ha habido problemas, pero hay leyes. Falta el derecho a la información. Resolver la venta a precios justos es un gran avance, pero no es el tema completo.
¿Qué ha dejado la reforma agraria de 1992, a casi 25 años de publicada?
—Antes de 1992, los ejidos y comunidades sólo tenían derecho al usufructo de las tierras que no estaban en el mercado. A partir de 1992 se reconoce en la Constitución que son propietarios y se les quitan restricciones para limitar, destinar y asignar los derechos sobre sus tierras, venta de derechos parcelarios; puedes cambiar de régimen: de ser ejidatario a propietario privado sobre tus parcelas, ceder el usufructo a terceros hasta por 30 años. Lo que sub-yace en la reforma era dejar atrás a un Estado interventor y paternalista que asistía y participaba de la toma de decisiones de los ejidos y comunidades. La reforma plantea que los ejidatarios tomen de manera informada y libre sus propias decisiones.
Una de las críticas fue que implicó el despojo de los campesinos...
—En 1992 viene la reforma y entran las tierras al mercado. En ese año había 103 millones de hectáreas, han cambiado de régimen 3 millones de hectáreas, en su mayoría en el norte del país: Baja California Sur, Sonora, Baja California, Chihuahua y Nuevo León. La propiedad no se ha privatizado como algunos críticos de la reforma señalaron. Lo que sí se ha dado es que se han inscrito casi 900 mil ventas de derechos ejidales a otros ejidatarios o avecindados. Los traspasos de derechos se daban en la legislación anterior.
¿Cuáles son las deudas de la segunda reforma agraria? Pasaron 25 años y el campo sigue en la pobreza...
—Toda la teoría de los derechos de propiedad nos dice que la regularización es necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Hay una deuda con los pequeños productores del campo, necesidad de profundizar en el relevo generacional, la compactación de los incentivos sigue pendiente, el crédito muestra un ligero aumento, pero es un tema para la agenda.
¿Qué sigue?
—Cómo potenciar a las comunidades y ejidos de productores, incrementar la escala y que accedan a créditos para que participen más en la cadena productiva, transformar el producto. La base es la certeza jurídica en los derechos de propiedad. Hay estudios de la Universidad de Chicago que dicen que un país con derechos de propiedad fuertes y seguros, con transacciones a valor de mercado, tendrá un mayor crecimiento económico, del PIB pér cápita. Necesitamos abonar a eso.
¿Estamos ante una nueva etapa de la reforma agraria?
—Sí, estamos ante una nueva etapa de una reforma agraria mexicana, la necesidad de rediscutirla. La redistribución de la tierra está concluida, el reordenamiento de los derechos de propiedad tiene un avance significativo, pero el desarrollo de los ejidos y comunidades con una visión integral, no sólo de ser productores primarios, hay que trascenderlo. Lo estaremos discutiendo con profundidad en los próximos años.
¿Cuáles son las regiones del país más codiciadas para el cambio de derechos?
—El país tiene una gran diversidad, riqueza y potencial. Hay muchas: en Sonora, para la caza de borrego cimarrón, que son tierras de ejidos; en Durango, en comunidades forestales para exportar madera; en Oaxaca las condiciones permiten la generación de energía eólica. En eso tenemos que concentrarnos y no sólo en la producción de maíz y frijol. El campo tiene un gran potencial para el desarrollo, necesitamos repensar ese modelo en el siglo XXI desde el ámbito público, la iniciativa privada y los dueños de la tierra, cómo hacer productiva la tierra de uso común: ecoturismo, energía eólica, la zona de influencia de zonas arqueológicas. Proponemos acercar mayor información llevando internet a las casas ejidales, instalando computadoras.
¿Cuál es la diferencia entre traspaso de derecho y venta?
—No hay venta del ejido. La privatización es sobre 3 millones de hectáreas; hoy persisten 32 mil 15 núcleos agrarios que tienen 100 millones de hectáreas. Se ha avanzado en que 94% de los ejidos y comunidades delimitaron sus tierras al interior: 70% fue destinado a uso común, 29% como parcela y 1% como asentamiento humano. Esta regularización de los ejidos nos indicó que hay un minifundio en el campo que profundiza las condiciones de pobreza: la mitad de los ejidatarios en el país tienen menos de cinco hectáreas.
¿Está concentrada la propiedad ejidal en pocas manos?
—Más que eso, la gran mayoría de la propiedad ejidal es de uso común y está asignada al ejido en su conjunto, sólo parcelas 29%; pertenece a todos el aprovechamiento. Hay mucho que hacer. Muchas de estas tierras se explotan poco, necesitamos diseñar políticas públicas para el aprovechamiento sustentable de las tierras de uso común.
¿Qué es lo que sí se ha dado?
—La venta de derechos al interior.
¿Eso qué quiere decir?
—Que los ejidatarios han vendido sus parcelas a otros ejidatarios o avencindados, y que también han sido reconocidos como avecindados otras personas que no eran ejidatarios y que van adquiriendo tierras. En 1910 era una concentración extrema de la tierra; ésta se redistribuye y hoy 5.3 millones de mexicanos son titulares de los derechos ejidales y comunales. Con la venta de derechos parcelarios son acumulables las tierras que tengas y no puedes tener más de los límites que establece la Constitución, y son sumables las tierras que tengas en un estado y en otro.
Entonces, ¿cómo pasa que 50% de los campesinos, que son los pobres, tienen menos de cinco hectáreas? ¿Hay ejidatarios con grandes concentraciones de tierras?
—La concentración no se da en los ejidatarios, lo que pasa es que el uso común se explota poco. En el campo vive 23% de la población nacional, y 61% de la población rural sigue siendo pobre. La pobreza extrema se concentra en 10 entidades: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Yucatán, entre otras. En esos estados hay mucha propiedad colectiva, ejidal y comunal. Uno de los temas que debemos debatir es la relación entre pobreza y régimen de propiedad colectiva.
¿Discutir en qué sentido?
—Sobre los procedimientos para cambiar de régimen de propiedad ejidal a privada. Quien debe decidir de manera informada y transparente son los ejidatarios, pero hay que dar mayor acceso a la información. Hay mucha asimetría entre la información que tiene un inversionista y la que tiene el dueño de la tierra sobre los usos de suelo, los proyectos que se van a desarrollar, plataformas públicas accesibles para acabar con las asimetrías y negociar en condiciones de equidad.
¿Se corre el riesgo de que al eliminar las restricciones que existen se institucionalicen los abusos?
—No digo disolver el ejido, sino repensar el modelo de desarrollo y las restricciones que debe tener. Estudiar la correlación entre pobreza y regímenes de propiedad, que tampoco creo sea una solución a la pobreza en el campo. Tenemos que ponderar la importancia del campo para el desarrollo del país, para la actividad industrial y turística, porque los grandes paisajes naturales son propiedad de ejidos y comunidades; para las industrias minera, de hidrocarburos, de energía eléctrica...
¿Cómo construir relaciones equitativas y legales?
—No se trata de ir a comprar la tierra barata y quitarle el patrimonio a los campesinos. El tema es repensar el modelo y que los tratos sean equitativos, con mayor acompañamiento institucional; que los ejidatarios se puedan asociar aportando sus tierras de uso común. A veces los procedimientos han limitado que estas sociedades con inversionistas privados se den, quizá hace falta más información al inversionista de que el ejido es un socio seguro y confiable; que se paguen las contraprestaciones justas con avalúos a valor comercial, que se mida el impacto de la ocupación temporal, porque a los ejidatarios les queda la acción de nulidad y eso genera incertidumbre. Pensemos en el ejido como un agente económico, que no se deshaga de sus tierras y participe del desarrollo.
¿Qué pasó con los derechos parcelarios que se cambiaron?
—Se convierte esa tierra en propiedad privada, 60% fue destinada al desarrollo urbano. Lo importante es que se propicie un desarrollo sustentable y que las tierras se vendan a valor comercial.
¿Se refiere a la construcción de desarrollos inmobiliarios?
—Fundamentalmente la expansión de la mancha urbana va absorbiendo tierras ejidales y comunales. Eso lo tenemos que traducir en una oportunidad para los ejidos: que se beneficien de la plusvalía de sus tierras, cómo atraer inversión privada y cómo llevar inversión pública. El presupuesto para el campo ha crecido de 1992 a la fecha, pero 20% de los productores recibe 60% de los apoyos del gobierno. Para revertir la pobreza necesitamos que los programas asignen mayores recursos a productores pequeños, apoyos para riego, para compactar tierras, comprar maquinaria. Con la iniciativa privada, buscar áreas de oportunidad y promover la asociación con el ejido sin que vendan su tierra; el tema se planteó en 1992 y hay pocos avances.
