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Washington.— El muro va y empezará a construirse lo antes posible, en cuestión de meses. La amenaza se hizo realidad y ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto por el cual ordenó que se inicien las obras para la construcción del “impenetrable, físico, alto, poderoso y bonito” muro en la frontera con México, una barrera “continua” e “impenetrable” que cumpla una nueva promesa electoral y, de paso, ataque a la comunidad inmigrante del país.
Trump había convertido a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que hay en EU (la mayoría de origen mexicano) en los mayores enemigos del país, causantes de muchos de los problemas que vive la clase obrera estadounidense.
Según la retórica que manejó en su campaña electoral, la criminalidad y la falta de trabajos son, en gran parte, por su presencia: su mensaje antiinmigrante caló entre el electorado que lo impulsó a la Casa Blanca y ayer vía decreto les dio su recompensa.
“Desde hoy, Estados Unidos retoma el control de su frontera”, anunció el presidente, durante un evento en el Departamento de Seguridad Nacional en el que firmó dos órdenes ejecutivas, una que autoriza la construcción del muro, el cual estará “vigilado y apoyado por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal, la trata de personas y los actos de terrorismo” y autoriza la deportación de inmigrantes indocumentados.
La segunda ordena suspender fondos federales para las llamadas “ciudades santuario”, contempla la creación de nuevos centros de detención de inmigrantes ilegales y reactiva el programa federal Comunidades Seguras, que agilizará las deportaciones.
Según Trump, el financiamiento para la construcción del muro se hará de una “manera compleja”, aunque insistió en que México pagará por él, idea que fue reforzada por su portavoz Sean Spicer: “Sí, de una manera u otra, como ha dicho el presidente, México pagará por ello”, dijo en conferencia en la Casa Blanca. Sin embargo, la orden ejecutiva Border Security and Immigration Enforcement Improvements (Mejoras en la seguridad fronteriza y en la inmigración) establece en su sección nueve que “la jefatura de cada departamento ejecutivo y agencia [del gobierno de EU] deberán identificar y cuantificar todas las fuentes de asistencia federal directa o indirecta o de asistencia al gobierno de México en una base anual sobre los últimos cinco años, incluyendo toda la asistencia bilateral y multilateral al desarrollo, asistencia económica, ayuda humanitaria y ayuda militar”.
El documento establece que la información se debe entregar en 30 días al Departamento de Estado, el cual deberá dar al presidente un “informe consolidado” en un plazo de 60 días, que refleje el monto anual de las ayudas. La orden ejecutiva no especifica si ese cálculo podría estar vinculado al pago del muro.
En su campaña Trump estimó que construir el muro costaría 8 mil millones de dólares, pero un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusets dice que hasta 40 mil millones.
“Es bueno también para México”. Trump sigue convencido de que una barrera en la frontera es también buena para México: “Estamos en medio de una crisis en nuestra frontera sur. Hay un increíble aumento de los migrantes ilegales desde Centroamérica que afecta tanto a México como a EU”.
“Creo que los pasos que vamos a tomar, empezando ahora mismo, mejorarán la seguridad de ambos países. Será muy, muy bueno para México”.
Gran parte de la frontera cuenta con algún tipo de valla y la utilización de dinero del contribuyente estadounidense todavía tiene que debatirse con los líderes del Congreso.
Para apoyar el trabajo de detención de la inmigración que debería frenar el muro, Trump apuntaló las medidas de respuesta con el anuncio adicional de más de 5 mil nuevos agentes de seguridad fronteriza.
En el segundo decreto, Trump establece que los inmigrantes que llegan al país sin papeles en regla “presentan una amenaza significativa a la seguridad nacional y pública”. Para sanar esta “amenaza”, su gobierno contratará a 10 mil nuevos agentes de inmigración e impulsará la construcción de nuevos centros de detención.
La persecución de los indocumentados se ve impulsada por los decretos de Trump y se compromete a proveer a las fuerzas de seguridad del país la capacidad de adquirir funciones de agentes de migración “hasta la máxima extensión que permite la ley”. En particular, con el programa Comunidades Seguras la policía tendría que actuar como oficial de migración y compartir las huellas de detenidos indocumentados con el FBI y autoridades migratorias; además, podrán retenerlos 48 horas para que se investigue su situación migratoria, lo que permite que mucha gente que no tiene récord criminal sea deportada.
Con esas decisiones, el miedo entre los inmigrantes de que se cumplan las deportaciones masivas crece. Si bien la administración Trump prometió en enfocarse sólo en “criminales”, el barómetro de determinación incluye a indocumentados con historial policial con delitos menores y los que, “a juicio del oficial de inmigración supongan un riesgo para la seguridad”.
