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La petición del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la indemnización que solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por daño moral a su persona, será discutida hoy.
Los integrantes de la Primera Sala de la Corte analizarán el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para resolver si otorgan o no el amparo al líder minero.
El proyecto del ministro Zaldívar aún no es público, por lo que después de la sesión ordinaria de Sala se dará a conocer el sentido del mismo.
Gómez Urrutia demandó a la STPS por la difusión en 2008 de diversos boletines en los que señaló que no se le entregó la toma de nota como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros por incumplir con los requisitos que marcaba la ley, incluyendo la existencia de varias órdenes de aprehensión en su contra y su residencia en el extranjero.
La dependencia aseguró que Gómez Urrutia llevaba más de cinco años sin trabajar en el sector metalúrgico y que no estuvo presente en la asamblea que lo reeligió como secretario general del sindicato porque estaba fuera del país, en consecuencia, la STPS le negó la toma de nota y lo desconoció como líder sindical.
Entre los comunicados difundidos por la dependencia, se informó que enfrentaba varias órdenes de aprehensión por delitos vinculados con desfalcos al patrimonio de los trabajadores. Por ello, el líder minero solicitó la indemnización al argumentar que la difusión de esta información antes de que fuera emitida una sentencia condenatoria en su contra, por lo que afirmó que le fue causado un daño moral.
El 28 de noviembre de 2012, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo le negó la indemnización, por lo que el líder minero promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que confirmó la negativa al considerar que no se configuró el daño moral en su contra porque no comprobó que la STPS actuó con real malicia o dolo al difundir la información.
Por ello, Gómez Urrutia promovió un juicio de amparo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México en el que el 16 de abril de 2015 le fue negada la protección de la justicia federal porque, indicaron los magistrados, los datos divulgados en los boletines no representan una actividad administrativa irregular.
En consecuencia, el recurso de revisión llegó a la SCJN donde hoy los ministros de la Primera Sala decidirán si en este tipo de casos el Estado está o no obligado a indemnizar al agraviado, o si por su carácter de líder sindical Gómez Urrutia está sujeto a la exposición de diversos datos relacionados con decisiones de la autoridad laboral para no reconocer su nombramiento como Secretario General del Sindicato Minero ante la presencia de presuntas irregularidades.
ahc
