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En los de estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz dio inicio la jornada de capacitación a los integrantes de la Contraloría Social que participarán en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos asignados en programas federales de desarrollo social por instrucciones del titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava.
Como parte de las líneas de acción y coordinación en materia de blindaje electoral para los procesos electorales que se realizarán en esos estados en 2017, esta medida está orientada a garantizar el manejo responsable y transparente de los programas sociales durante los comicios.
La Contraloría Social, conformada por los propios beneficiarios, será el medio para captar quejas y denuncias de los ciudadanos sobre posibles irregularidades y desvíos de los programas destinados a apoyar a las familias que más lo necesitan, con el objetivo de canalizarlas con las autoridades competentes.
Se realizarán inspecciones y verificaciones en oficinas, tiendas, órganos desconcentrados y entidades sectorizadas de la Secretaría de Desarrollo Social.
Las instrucciones en materia de capacitación, giradas a los delegados de la Sedesol en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, se derivan del adendum al Convenio de Blindaje Electoral de los Programas Federales de Desarrollo Social.
El documento fue firmado el pasado miércoles por el secretario Luis Miranda Nava, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade y el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, teniendo como testigo al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), doctor Lorenzo Córdova Vianello.
En esa reunión, el titular de la política social del país dio a conocer que a partir de la suscripción del adendum quedaron instalados en sesión permanente, el Comité Central de Legalidad y Transparencia para el Blindaje Electoral de los Programas Sociales, así como los Comités Preventivos de Blindaje Electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
Durante la firma del convenio, el secretario Luis Miranda expresó que esta decisión contribuye a encontrar el mejor camino para reconciliar a la ciudadanía con los actores políticos y las instituciones. Significa: “Honrar nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.
El funcionario federal agregó que la Secretaría a su cargo, por la cantidad de programas y recursos que maneja y por estar en contacto cotidiano con millones de mexicanos, es quizá la dependencia más fiscalizada de la administración pública federal.
“El Presidente Peña Nieto nos ha instruido a cuidar que los beneficios lleguen, verdaderamente a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de condicionamiento partidista. Nunca antes la política social había estado tan fiscalizada”, subrayó el titular de la Sedesol.
Miranda Nava, reiteró que “en la política social del gobierno de la República no habrá espacio alguno para la impunidad y sí mano firme contra casos de corrupción”.
La firma de este adendum tiene como finalidad que a la sociedad se le aporten pruebas de que existen instituciones comprometidas con la imparcialidad y con el respeto a la voluntad libre y secreta de los ciudadanos en todos los procesos electorales.
El Convenio de Blindaje Electoral de los Programas Federales de Desarrollo Social, establece, entre otras acciones: La instalación de módulos de información y atención a los ciudadanos por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en los inmuebles de la Sedesol, además, la FEPADE, la Unidad del Abogado General de la secretaría de Desarrollo Social y el Órgano Interno de Control en la Sedesol, dentro de sus respectivas competencias, atestiguarán y resguardarán las instalaciones y parque vehicular 72 horas previas al inicio de las jornadas electorales.
Habrá un acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública por medio del fortalecimiento de la Contraloría Social para que éstos participen en la supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en programas federales de desarrollo social. Se involucrará y participará una Contraloría Social, conformada por más de 500 mil beneficiarios, en la protección de los programas sociales federales y fungirán como testigos en los actos de resguardo y verificación de inmuebles y vehículos.
Esta Contraloría Social será el medio para captar denuncias sobre irregularidades de los beneficiarios para canalizarlas con las autoridades.
