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El líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, informó que impulsará una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de reducir la discrecionalidad con que el Ejecutivo federal establece y modifica el apoyo a gobiernos estatales y municipales.
Estas reformas obligarían al Ejecutivo Federal a fijar una previsión de gastos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
El diputado explicó que año con año se establece un anexo en el PEF para asignar recursos a entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Los lineamientos para ejercer dichos recursos los emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que, discrecionalmente, mantiene la administración de los mismos durante el transcurso del año.
Especificó que, durante la discusión presupuestal, constructores y gestores particulares, a sazón de atender sus propios intereses, buscan que los legisladores asignen recursos a sus proyectos, sin una gestión institucional. Además, las negociaciones inician una vez publicado el PEF y resultan ser lentas.
Martínez Neri plantea establecer un registro de planes para que el proceso de evaluación y validación sea responsabilidad de las entidades promoventes y la SHCP, eliminando cualquier otra injerencia.
Adiciona el inciso W a la fracción II del artículo 41 de ese ordenamiento y con éste se establece que el proyecto de Presupuesto de Egresos contenga previsiones de gasto que correspondan al Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura Pública.
También agrega un artículo 82 Bis para estipular que el proyecto de PEF incluya los recursos que se proponen ejercer, mediante convenio de la SHCP con las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la CDMX.
El legislador, además propone que la Cámara de Diputados pueda modificar el monto propuesto en el proyecto de PEF y que la Contraloría Interna de esta soberanía aplique procedimientos y sanciones por responsabilidades administrativas en que incurran legisladores federales, conforme a la normativa vigente.
