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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, dijo que el bono anual que reciben él y los funcionarios de primer nivel de la comisión, que en conjunto casi llega a 250 millones de pesos, está dentro del presupuesto de Egresos y lo que se entrega de forma extraordinaria no es inmoral; lo que sí es inmoral, dijo, es la corrupción, y eso es lo que debería ser condenado.
Al término de su participación en un seminario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se rehusó a contestar si rechazará su bono anual de más de 500 mil pesos o si éste se cancelará para toda la estructura dado que implica un gasto de casi 250 millones de pesos.
“El salario que perciben los funcionarios de la CNDH y un servidor está dentro de los márgenes del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión”, señaló.
Cuando se le preguntó si no es inmoral que un funcionario público perciba un bono de 503 mil 733 pesos, comentó que lo inmoral es la corrupción e invitó a que sea eso lo que se condene en el ámbito público.
“Yo creo que es inmoral la corrupción que estamos viendo en estos casos tan lacerantes, que yo los invito a que condenen toda esta corrupción en donde vemos desvíos de recursos públicos. Toda la cuestión que tenga que ver con racionalidad de gasto, nosotros vamos a dar el programa (de austeridad)”, señaló.
Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la CNDH tiene destinados casi 250 millones de pesos para un bono, llamado “pago extraordinario anual unitario máximo”, que se asigna a funcionarios de primer nivel del organismo, entre ellos su presidente Luis Raúl González Pérez, quien obtendrá 533 mil 733 pesos por este concepto, la misma cantidad que recibió en 2016.
En el caso de los visitadores y los secretarios Ejecutivo y Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH, instancia que aprobará la propuesta de austeridad de la comisión, el presupuesto de egresos para 2017 establece un bono de 572 mil pesos.
En febrero de 2016, la comisión publicó sus lineamientos de austeridad para ese ejercicio fiscal; en ese documento planteó un ahorro de 8 millones 700 mil pesos, ciofra que representa 20% de los 250 millones de pesos que la CNDH se autorizó en bonos para ese año.
Ese pago extraordinario se tiene previsto a pesar del exhorto del presidente Enrique Peña para operar un programa de austeridad en el país.
Durante su participación en el seminario En Defensa del Interés Nacional ante la Coyuntura Crítica. ¿Qué Hacer?, González Pérez exhortó al Congreso de la Unión a que imponga desde la ley la obligación para que las entidades de gobierno y todas aquellas instituciones que reciben recursos públicos establezcan medidas de austeridad en el gasto.
“Queremos pronunciarnos por que el Legislativo federal, en ejercicio de la facultad en materia presupuestaria que le asiste, formule con responsabilidad, objetividad e integralidad una ley que de manera general y obligatoria para todo ente que ejerza recursos públicos imponga los parámetros, alcances y medidas concretas de racionalidad en el gasto, así como en el destino que se dé a los recursos que se afecten”, detalló.
Durante la sesión de preguntas del seminario, uno de los asistentes dijo al ómbudsman que el gobierno federal no debería recortar los programas sociales, sino sus prebendas.
González Pérez respondió que es necesario definir y dar seguimiento a los ahorros que se obtengan como consecuencia de las medidas de racionalidad, de manera que estos no queden como recursos disponibles “para una asignación discrecional”.
Señaló que en febrero la presidencia de la CNDH presentará su propuesta de austeridad al Consejo Consultivo del organismo, cuyos secretarios ejecutivo y técnico también se verán beneficiados por un bono. Aseguró que el organismo “siempre” ha seguido sus lineamientos de austeridad.
“Contener el gasto tampoco es la solución. Tenemos que verlo de manera integral. Por eso yo planteo que el Congreso dirija sus esfuerzos a normar esta circunstancia. Nosotros le vamos a presentar al Consejo Consultivo esta circunstancia, reiterando que la Comisión Nacional ha cumplido con los programas de austeridad”.
Más tarde, tras participar en el informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, puntualizó que de nada sirve racionalizar el gasto público si no se pone un alto a la corrupción y falta de transparencia, y comentó que se debe investigar el origen del problema en el alza a las gasolinas.
“Es preciso que se revise y transparente el manejo que se ha dado a los recursos públicos en el ámbito en el que se generó la problemática que dio origen a estos aumentos”, planteó.
Dijo que la sociedad merece que se revise, se explique y se transparente, “más allá de las simples declaraciones”, la lógica y racionalidad de las medidas que se adoptaron”.
Mencionó que ninguna medida que se adopte en la operación administrativa de las instituciones podrá revertir los efectos del alza en los combustibles y la incidencia que otros factores han tenido en la economía del país.
Enfatizó que las medidas que adopten en ese organismo serán parte de una convicción de responsabilidad en el ejercicio del gasto público y por solidaridad con la sociedad.
“Sin embargo, es pertinente señalar que si los poderes, las instituciones, las instancias de gobierno determinan por si mismas sus medidas de racionalidad, el alcance de las ellas puede ser limitado, prestándose inclusive a la simulación”, dijo.
Reiteró que “es necesario que se defina y dé seguimiento al destino de los ahorros que se obtengan como consecuencia de las medidas de racionalidad y no que queden como recursos disponibles para una asignación discrecional”.
Austeridad no debe vulnerar derechos laborales. Luego, en una carta enviada a este diario, la CNDH fijó su postura, en la que aseguró que “la austeridad en el ejercicio del gasto no es una cuestión que sólo atienda a la coyuntura que está viviendo el país. La austeridad ha sido un objetivo y un compromiso constante desde el inicio de la actual administración que se ha plasmado en los distintos planes específicos que en ese ámbito anualmente hemos formulado, hecho públicos y cumplido en su totalidad”, y argumentó que las economías han sido enteradas a la Tesorería de la Federación y avaladas por los organos de auditoría que revisan su actividad.
Explicó que “si los poderes, las instituciones y las instancias de gobierno determinan por si mismas sus medidas de austeridad, el alcance de ellas puede ser limitado, prestándose inclusive a la simulación”.
Considera que “es inadmisible que al amparo de una austeridad mal entendida se violenten los derechos humanos. La austeridad no puede significar que se frene el empleo o se vulneren derechos laborales”.
En el documento de dos cuartillas ratifica que sea el Legislativo federal, en ejercicio de la facultad presupuestaria, quien formule una ley que de manera general y obligatoria establezca los parámetros y alcances de las medidas de austeridad en el gasto”.
Insiste en que ninguna medida en el ámbito de la operación administrativa será suficiente para “revertir los efectos del aumento en los combustibles, la devaluación o la incidencia que otros factores han tenido en la economía del país”.
“La austeridad puede ser un camino contra el dispendio, pero no un remedio contra la disfunción institucional”, señala la comisión.
Afirma que la CNDH “no tiene partidas discrecionales, las cuales son inaceptables y deben desaparecer” en todos los ámbitos.
