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A pesar del anuncio sobre las medidas de austeridad que tomarán los distintos organismos del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no tiene prevista la cancelación del nuevo Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano por el que autorizó un gasto de cerca de 200 millones de pesos.
En agosto de 2016, el CJF adjudicó un contrato de manera directa a la empresa Proyectos y Construcciones Marlu por un monto de 195 millones 820 mil 917.13 pesos. Su ejecución fue pactada en 240 días naturales.
Fuentes del CJF explicaron que las medias de austeridad de este rubro implicarán que no se adquirirán predios durante 2017 sino que se buscarán las vías que permitirán la cesión de dominio de algunos terrenos para la construcción de los centros de justicia para la consolidación del nuevo sistema penal acusatorio.
Indicaron que durante 2016 fueron firmados contratos que comprometieron 2 mil 250 millones para la realización de obras que se ejecutarán durante 2017 y que la austeridad aplicará a los recursos destinados para este ejercicio fiscal.
Sobre el nuevo centro, se resalta que el inmueble deberá ser entregado a mediados de 2017. Fuentes consultadas indicaron que aún no se tiene una fecha precisa para ello, y en este centro se realizarán los juicios sujetos al nuevo sistema de justicia penal.
Para iniciar los trabajos, el CJF pagó 35% del contratado, es decir, 59 millones 397 mil 726 pesos que, conforme a la documentación de la adjudicación directa, la constructora debió informar sobre la inversión.
Se desprende que un millón 850 mil pesos fueron invertidos en la elaboración del proyecto de construcción y los estudios preliminares; 16 millones 600 mil pesos fueron destinados al inicio de los trabajos en bodegas, oficinas, fletes y rentas, entre otras.
Por el alquiler de una excavadora se pagó un millón 920 mil 600 pesos; por un camión de volteo, 2 millones 150 mil 666 pesos. El anticipo para los equipos de aire acondicionado que tendrá el edificio absorbió 6 millones 520 mil pesos.
El inmueble tendrá equipos de voz y datos, sistemas de seguridad, detección de humo y circuito cerrado de televisión por los que se pagaron 8 millones 200 mil pesos.
El nuevo Centro de Justicia se ubica en el Rancho la Palma, poblado de Mina México, en la carretera a Santa Juana Centro número 11, localidad de Santa Juana, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
La instalación de la red de voz y datos se adjudicó directamente a Belden, a través de su filial Integra Telecomm & Security, que se comprometió a realizar por lo menos tres visitas de inspección a la obra para validar que se encuentre libre de vicios ocultos.
Los recursos fueron obtenidos del Fideicomiso de Administración e Inversión 80695 para el Desarrollo de Infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en materia Penal y conforme a la documentación contenida en la página del CJF, se realizó mediante adjudicación directa por excepción.
Esto, debido a que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para que esta modalidad de contratación proceda, es “cuando por razones de seguridad se requiera contratar con alguna persona o institución pública en particular, o cuando existan circunstancias específicas que hayan generado un rezago considerable en la instalación de órganos jurisdiccionales, o bien, que se presenten situaciones extraordinarias que impliquen su instalación inmediata”.
Si se considera que conforme a la reforma penal de 2008 el nuevo sistema entró en vigor el pasado 18 de junio de 2016, el CJF indicó que se estaba ante un contexto de urgencia, lo que justificó la adjudicación.
Se informó que el contrato no se puede cancelar debido a que fue adjudicado y porque iría en contravención con las obligaciones de impartición de justicia establecidas.
