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alberto.morales@eluniversal.com.mx
Considerada por algunos como la piedra angular para el buen funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, la iniciativa de la ley general de archivos —presentada el pasado 17 de noviembre en el Senado— nació envuelta en la polémica, porque en su redacción, de acuerdo con especialistas, “se privilegió el control político sobre el carácter técnico que debe predominar en una norma de este tipo”.
Senadores de oposición y expertos consideraron que si la propuesta —elaborada desde 2014 por el PRI, PAN, PRD y el gobierno federal— se aprueba en sus términos, esto generaría un retroceso para el derecho de acceso a la información que se podría equiparar a que las elecciones fueran organizadas por la Secretaría de Gobernación y no por un organismo independiente.
La senadora Cristina Díaz (PRI), presidenta de la Comisión de Gobernación, rechazó que se busque el control político de todos los archivos del país y justificó que la Secretaría de Gobernación encabece lo que será el nuevo Sistema Nacional de Archivos, ya que señala que es la dependencia que tiene mayor fuerza institucional.
Entre los puntos polémicos de la iniciativa destacan que a la Secretaría de Gobernación se le concede la rectoría de la política pública archivística, además, será la instancia que encabece el Consejo Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación (AGN). En otro aspecto, no se le da autonomía técnica al AGN y se mantiene como un órgano sectorizado a la Secretaría de Gobernación; asimismo, prevalece la facultad del Presidente de la República de nombrar al director del AGN.
En el caso de los archivos históricos, si bien la iniciativa establece que éstos no estarán sujetos a las leyes de acceso a la información pública ni de datos personales, “si no que serán de consulta irrestricta”, se considera su reserva en casos de seguridad nacional o se testarán cuando existan “datos personales”. También se establece en el transitorio decimocuarto que se limitará el acceso a archivos que no estén previamente depurados.
Lourdes Morales, directora de la Red de Rendición de Cuentas (RRC) —organización que agrupa a instituciones académicas y públicas que revisan las políticas de rendición de cuentas—, expresó su preocupación, porque de no corregirse los errores de la propuesta el Senado aceptaría un proyecto diseñado desde las oficinas de Gobernación. “Esto sería equivalente el regresarle a Gobernación la organización de las elecciones, de ese tamaño es el problema”, expuso.
La ex comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hoy Inai, Jacqueline Peschard, coincidió en que sin una política nacional de archivos eficiente, la transparencia se volverá ficción. “La transparencia es el acceso a documentos que elaboran distintos sujetos obligados, si no están regulados, si no hay buenas normas para que la organización de los archivos permita el acceso a la información, no se puede lograr este derecho. De nada servirá que tengamos leyes modelo de transparencia si no tenemos buenas leyes de organización de archivos”.
El senador Zoé Robledo (PRD) reconoció que no es la mejor iniciativa de ley general de archivos que pudieron haber presentado, porque hubo una distorsión del proceso legislativo.
“La distorsión ocurrió en el momento en el que no se le vio a la ley, por un lado, como una continuidad de la reforma constitucional en materia de transparencia, la Ley General de Datos Personales, y ahora la de archivos, y requería continuidad”.
La senadora Laura Rojas (PAN) explicó que no aprobarán ninguna legislación que vaya contra el Sistema Nacional de Transparencia o Anticorrupción. “Lo que urgía era tener un documento sobre el cual empezar la discusión formal”, señaló.
