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carina.garcia@eluniversal.com.mx
Por unanimidad, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron ayer cancelar la construcción de su nueva sede de dos torres gemelas, y entregar a la Secretaría de Hacienda los mil 70 millones de pesos de su Fondo Inmobiliario que tenía listos para financiar la obra.
Será Hacienda la que en su caso asigne ese recurso a “áreas prioritarias de gasto del Estado”, acordó el INE, al anunciar además un recorte de 10% a las percepciones de sus funcionarios y otras medidas de austeridad.
Así terminó el proyecto de la nueva sede del INE, planeado durante 15 meses —como dio a conocer EL UNIVERSAL el 12 de octubre de 2015—, y se decidió suspenderlo tras valorar la coyuntura: contexto económico adverso, impacto en el bienestar de los ciudadanos y en la credibilidad de las instituciones, lo que “alimenta un extendido malestar social”.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó así la decisión, “para el INE la confianza de la sociedad en torno a su actuación constituye el principal insumo y fuente de legitimidad para desempeñar cabalmente su función constitucional de organizar elecciones”.
El acuerdo se alcanzó ayer tras una reunión de casi tres horas, en que los consejeros valoraron la inviabilidad de mantener en pie la decisión de construir la megaobra en un escenario de aumento de tasas de interés, devaluación del peso y aumento en el precio de los insumos, además de otros elementos, como el malestar social por los gastos de las instituciones públicas y sus funcionarios, de los que este diario ha dado cuenta.
Así, coincidieron en que no es momento para realizar la obra y lo dieron a conocer en comunicado conjunto, mismo que fue leído por Córdova y en el que se planteó que “el INE no puede ser ajeno ni insensible”.
En él, se indicó que se concluirá la planeación de las torres, misma que ya está en curso, por si cambia el entorno y puede concretarse en un futuro, pues de origen la intención fue ahorrar más de 100 millones de pesos anuales en pago de rentas, por lo que “reiteramos la pertinencia de la propuesta de construcción”, pero la situación de la economía “exige que, por ahora, se reconsidere el destino de esos recursos”.
Además se dieron a conocer “medidas de austeridad”, adicionales a las que tomará en febrero: las remuneraciones de los consejeros y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva (JGE) ampliada —los directores generales, titulares de Unidades Técnicas— se reducirán 10%, aunque “no han tenido ningún incremento nominal” (sólo en términos reales, acordes a la inflación) en cinco años.
Ese personal de mando también renunció a la prestación de telefonía celular, “asumiendo cada uno de ellos, desde ahora, los gastos”.
Se hará una “profunda revisión” de la política de uso de vehículos oficiales y medidas para no aumentar el gasto en gasolinas, y ahora se hará público el ejercicio presupuestal del INE cada trimestre y no a fin de año.
