Más Información
En defensa del INAI hay mucha falsedad e hipocresía: Sheinbaum; “comisionados tienen que actuar con transparencia”, señala
Quadri se inscribe a Pensión del Bienestar y Sheinbaum reacciona; “Si fuera consecuente, no se inscribiría", dice
Las redes sociales se han convertido para los políticos en la nueva tierra prometida para hacer campañas y ganar contiendas por su escasa regulación, alta potencialidad para evadir las restricciones a campañas anticipadas, propalar propaganda negra y ocultar gastos. Representan, para algunos expertos en la materia, la posibilidad de realizar campañas más exitosas que las que se realizan en tierra, pues éstas “ya son cosa del pasado”.
Sin embargo, las autoridades en la materia, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y su Sala Regional Especializada, han conocido y resuelto desde 2014 a la fecha 150 asuntos relacionados con las redes sociales que, aseguran, han servido para acotar su uso en la política electoral.
Mundo salvaje
Pese a estos intentos para regular, para el sicólogo, doctor en Ciencias Sociales y especialista en el fenómeno de internet de la Universidad de Guadalajara, Luis César Torres Nabel, el uso de las redes sociales es un “terreno salvaje”.
Al principio generó esperanzas de ser un espacio de horizontalidad donde todo mundo podía opinar e informarse, pero con el desarrollo de aplicaciones, en política se han tenido “los peores usos”.
Por ejemplo, en las recientes elecciones en Estados Unidos el triunfo del republicano Donald Trump se explica en parte por la circulación de supuestas noticias sobre el adversario, así como ideas racistas y extremistas, lo que generó simpatía de muchas personas
Eso es posible, indica, porque en internet hay dos cosas que operan: la anomia, es decir no hay reglas, y no hay parresia, que era la postura de la antigua Grecia donde se opinaba mostrando la cara y nombre, así que desde el anonimato, desde perfiles falsos, de forma masiva a veces artificial, se opina y se difunden falsedades.
“Todo esto es posible porque los sesgos cognitivos son los que permean las redes, se escribe sin mayor razonamiento, a veces con opiniones viscerales y eso genera un efecto bola de nieve, la gente empieza a opinar bajo esa perspectiva y hay profesionales que mueven la información y crean un encuadre para decir qué es lo importante”, explica Torres Nabel.
Así tenemos, afirma, que el uso de las redes es un mundo salvaje y en la política muy pocos generan debate real, “una gran cantidad de políticos lo que hacen es crear estas granjas de bots, donde contratan sujetos para crear distractores, para influenciar y difundir mensajes falsos”.
Torres Nabel, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), expone que las estrategias en redes sociales se usan “sobre todo para resaltar las emociones negras, el sacar trapos sucios del adversario, difamarlo, es lo que está permeando, porque mucha gente se cree esas patrañas”.
Aunque reconoce que en ningún país se ha logrado una regulación, en México la forma de controlar y evitar escenarios como el de Estados Unidos es seguir la pista del dinero y vigilar los gastos en ese tipo de estrategias.
“Más que debate en redes, los políticos más bien contratan grupos de choque, de ataque, de robar información”. Si bien se contratan jóvenes que manejan redes, en realidad el gasto está en los estrategas.
“Como no hay regulación hay cifras tan mínimas como bots de mil pesos a la semana, hasta toda una orquestación como la que se dice que contrató el PRI en 2012, los famosos ‘Peñaboots’, y se hablaba de que eran millones de pesos que se pagaron por esa estrategia”, expone.
En marketing comercial las aplicaciones en red son baratas, por ejemplo, en Facebook llegan a mil pesos por cada 10 mil likes, pero “en estrategias, en orquestación es otra cosa y estos subcontratan gente por una migaja, porque lo hacen mientras juegan, en su casa”.
Respecto a cómo ha funcionado y cómo podrían funcionar las redes sociales en las campañas, el académico detalla, por ejemplo, el caso de Trending Topics (TT), que consiste en los temas o frases más difundidos en las redes.
El experto relata, por ejemplo, un caso que refleja cómo funcionan y cómo se trampean algoritmos tanto para inflar una información como para bajarla.
La etiqueta #Yamecansé, generada en noviembre de 2014, luego de que el ex procurador Jesús Murillo Karam dijera esa frase tras una larga conferencia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, “ha sido el trending topic más largo en la historia del país hasta el momento, con 35 días se hizo popular, duró, duró y no lo desbancaba ningún otro, hasta que se trampeó el algoritmo de Twitter”.
La forma en que se hizo, explica, es que a esa expresión genuina se añadieron bots para que la empresa Twitter lo identificara como algo anormal y lo diera de baja, ”por eso los activistas empezaron a hacer los “Yamecansé1”, “Yamecansé2”, y así para evitar que el algoritmo lo bajara por considerarlo anormal.
“Es decir, las máquinas detectan ciertos parámetros, pero es un truco externo, no se modifica el algoritmo de Twitter porque la plataforma se maneja desde Estados Unidos, así que aquí podría pasar lo mismo que en las elecciones donde ganó Trump, echar a andar una estrategia de mensajes falsos, con visiones distorsionadas del adversario, que apelen a lo más negativo para generar rechazo o aceptación a ciertas ideas”, señala Torres Nabel.
Esto ya ha ocurrido en las elecciones federales de 2015 y las locales de 2016, aunque no ha sido tan evidente, “fue salvaje”, por ejemplo, en el caso del entonces candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, “se le acuso de pederastia, se empezaron a difundir videos y pulularon en las redes… no sé si ese sea el peor caso pero es el más estridente”, dice.
Así han circulado historias sobre homosexualidad, trabajos sucios contra diversos candidatos y en su mayoría no se han bajado los videos, indica el experto.
Sin control del INE y aval del TEPJF
Para el especialista Julio Téllez Valdés, doctor en Informática Jurídica y coordinador del proyecto Observatorio 2.0 del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “internet es un terreno donde todo se puede y todo se vale”.
En términos de recursos dedicados a campañas políticas en redes es “muy fácil” ocultar los gastos a los ojos de la autoridad fiscalizadora, asegura.
El caso más representativo respecto a una campaña en redes sociales que fue evidente, pero que ninguna autoridad pudo acreditar que hubo recursos de por medio y por tanto quedó prácticamente impune, fue la que el PVEM aplicó en Twitter en las elecciones federales de 2015. Este caso demuestra que en Twitter todo se vale, incluso con el aval del tribunal, pues al no existir prueba de contrato el PVEM tuvo sólo una sanción de 7 millones de pesos, acota.
Este caso muestra, considera Téllez Valdés, que los políticos “se están aprovechando de vacíos legislativos en el tema”.
Sin grabadora de por medio, quienes se dedican a eso estiman que el costo de una campaña orientada a redes sociales para elección de diputados o presidentes municipales alcanza los 30 millones de pesos.
Y una de gobernador podría llegar hasta los 300 millones de pesos, por lo que en 2018 una campaña presidencial incluso podría llegar a los 500 millones de pesos, augura.
Sin embargo, reconoce, no todos gastan esas sumas por ese tipo de posicionamiento, “pero no hay duda de que hay quien sí paga”, aunque rebase topes de campaña.
“Son números debajo de la mesa que no se manejan y sólo lo saben estos estrategas… he hablado con algunos y lo que dicen es que no sabes el dinero que se maneja. Pero no son capaces de dar públicamente esta información porque es evidenciar el negocio”, expresa.
Lo que viene
Ambos especialistas se refieren a lo que podría venir para las próximas elecciones federales en México, particularmente para las presidenciales de 2018.
Téllez Valdés prevé que se intensificará el uso del big data, que consiste en el entrelazamiento entre bases de datos para poder identificar los grupos, preferencias, hábitos de cada potencial elector, lo que hará que ya no sea publicidad genérica de un candidato, “sino los rubros específicos en los que los ciudadanos han mostrado especial interés según sus redes”.
Eso dará mayor interacción, “porque se le hablará a los electores de los temas más sensibles, de lo que le gusta”.
Aunque en Estados Unidos eso se practicó en su reciente elección, en que se usó sin autorización de las personas. “Le dieron un uso impresionante, es algo aterrador porque están haciendo cosas que están más allá de los límites de la privacidad”.
Téllez Valdés informa que ese big data o minería de datos permite identificar en Facebook, por ejemplo, los estados de ánimo, los sentimientos y expresiones de los usuarios para dirigirles mensajes, “y cuando te saben llegar a los sentimientos propician un factor de identificación con algún candidato.
“En esto se utilizan también técnicas subliminales, muchas cosas prohibidas en la publicidad, pero difíciles de detectar”, dice.
Fue así que “no ganó tanto Trump, sino las ideas que estaba enarbolando y le dijo a la gente lo que quería oír… hicieron una minería de datos para identificar qué es lo que querían escuchar. Le habló a la mayoría silenciosa que no salía a votar” y así triunfó, explica.
Por eso digo, agrega Téllez Valdés, que se han desplazado las campañas a tierra y van a ser cosas del pasado.
Para Torres Nabel es previsible que para los comicios de 2018 se echen a andar estrategias en mensajes directos, por ejemplo vía WhatsApp, para explotar sentimientos y dirigirlos hacia la política.
“No en balde la revista más famosa en México es de chismes y si tiene que ver con política a la gente le fascina, es parte de la naturaleza”, indica el experto.
En el INE, sus consejeros electorales descartan que las redes sociales sean tierra de nadie, sin regulación y donde todo el contenido y los gastos son posibles.
El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, recuerda que en los casi dos años de vigencia de las reformas electorales el organismo electoral ha generado criterios para acotar el uso de las redes en la política.
Por ejemplo, “si por ley existe la prohibición a mensajes calumniosos en radio y televisión, se logró que esa restricción se haya extendido ya a los mensajes en Facebook y YouTube”.
El caso que sentó el precedente fue el del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, donde originalmente se decía que como no es posible incidir sobre YouTube ahí no era calumnia, pero se resolvió que el distinto medio de difusión no modificaba la valoración de su contenidos “y al final del día YouTube sí bajó el spot a petición del INE”.
Este spot de televisión fue pautado por el PRI con la leyenda “Quienes estuvieron al mando sólo pensaron en enriquecerse”, se bajó y se transmitió en YouTube, de donde el INE logró retirarlo. Empero, en este caso al final la Sala Superior determinó que no hubo calumnia.
También los mensajes en Twitter han servido de elementos para anular elecciones. Fue el caso del Distrito 1 de Aguascalientes, donde el gobernador “le tomó una foto a su voto y la subió a Twitter, y era una cuenta oficial. Luego esa foto la reprodujeron en la página oficial del estado”, relata entre otros muchos casos.
Ruiz considera que “no es cierto que las redes son incontrolables”, aunque admite que acotarlas ha sido difícil.
En la vertiente de los gastos, el consejero del INE Ciro Murayama recuerda que en las campañas de 2016, el instituto acudió directamente a la empresa Facebook para conocer la propaganda que le fue pagada por partidos y candidatos.
En el TEPJF ha sido obligada una evolución de criterios, no sólo por la incorporación, en 2013, del derecho al acceso a internet en la Constitución, sino por la creación de la Sala Regional Especializada, en octubre de 2014.
Antes de ello, en una de las primeras sentencias sobre el tema, en 2009, relativa a un video en YouTube, donde se parodió al ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, la Sala Superior determinó que no podían actuar porque era anónimo. “Esta autoridad puede sostener válidamente la imposibilidad técnica que existe para controlar los contenidos publicados en la red de redes”, admite.