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A poco más de dos meses de haber asumido por unanimidad la presidencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros asegura que existen los cimientos para que el Estado mexicano cumpla con la reparación integral no sólo a las víctimas de violación de derechos humanos, sino también a las del delito y un equilibrio en el monto de reparación, porque en México “no puede haber víctimas de primera y segunda”.
En medio de la salida polémica de cinco de los siete comisionados electos en 2013 por el Senado de la República, de la próxima publicación de la Ley General de Víctimas que reforma la elección del presidente de la comisión y de la conclusión de su mandato, Hernández Barros levanta la mano para convertirse en el primer presidente del organismo, ahora por designación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
“Yo fui el que levantó la mano para una Ley General de Víctimas, cuando quería ser comisionado, cuando quería ser presidente de la comisión y por supuesto que levanto la mano, aunque no es mi decisión, es del Presidente de la República y soy muy respetuoso de ello”, dice.
En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que la reparación integral del daño a las víctimas no es para enriquecerlas, por lo que debe haber límites para quienes sufrieron violaciones a sus garantías individuales.
El comisionado advierte que si un juez así lo decidiera, una víctima de violación a los derechos humanos podría recibir todo lo que se tiene en el Fondo de Atención a las Víctimas.
Al hacer un balance sobre la vida de operación de la comisión y los más de dos meses que lleva al frente, Hernández Barros enfatiza que jamás detectó desvíos de recursos, actos de corrupción y mucho menos hubo injerencia de algún funcionario al interior de la vida de ese organismo como lo acusaron otros comisionados que dejaron su cargo en los meses anteriores.
Declara que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad estuvieron olvidados por el organismo desde su creación y por ello es que se volteó a incluirlos.
A la Ley General de Víctimas que fue reformada y está próxima a publicarse, ¿le falta algo?
—La reforma es perfectible. Estipula que para reparar la violación de derechos o del delito necesariamente tendremos que tener la opinión de la autoridad judicial y no del Ministerio Público, esto podrá dificultar la reparación, habrá que verlo; sin embargo, es una de las barreras que hubiera suprimido.
La normativa establece, y lo sigue estableciendo en la modificación, un límite de 500 veces el salario mínimo para las víctimas del delito, un poco más de un millón de pesos.
Para las víctimas de violación de derechos humanos no establece ningún límite, esto quiere decir que la totalidad del fondo se podría ir en un solo caso. Si un juez ordena el pago de 500 millones de pesos con eso se va el dinero completo. El límite es muy sano.
La reparación integral tiene muchos objetivos, pero no el de enriquecer a la víctima. El límite que opera para las víctimas de delito debe operar para las de derechos humanos. No creo que la legislación deba tener víctimas de primera y de segunda, tanto las víctimas del delito como de derechos humanos deben ser tratadas con equidad.
A su llegada a la presidencia de la comisión hubo una innovación, mirar hacia los militares y fuerzas de seguridad, ¿habían sido olvidados sus derechos?
—Los soldados, marinos y policías arriesgan su vida por nosotros los ciudadanos, cómo les vamos a negar el acceso a la Ley General de Víctimas si son atacados, muertos y heridos por la delincuencia organizada igual que muchos ciudadanos, entonces, igual que muchos ciudadanos deben tener garantizados sus derechos.
En la antigua administración se consideraba que los elementos del Ejército, de la Marina-Armada de México y de la Policía Federal no eran susceptibles de ser atendidos conforme a la Ley General de Víctimas. Habían estado olvidados por la comisión.
¿Con esa ley usted deja el cargo?
—Así lo establece la legislación. Me voy satisfecho, pusimos los cimientos de un edificio que garantiza los derechos de las personas que más dolor padecen. No sólo dejamos la cimentación, sino el edificio terminado y los acabados, para que le brinden continuidad al trabajo. Nadie podrá decir que dejamos la obra negra, dejamos un edificio con terminados de lujo para que alguien le dé continuidad.
Si es de lujo, ¿levanta la mano para seguir en la nueva etapa de la comisión?
—Sí, por supuesto. Yo fui el que levantó la mano para una Ley General de Víctimas, cuando quería ser comisionado, cuando quería ser presidente de la comisión y por supuesto que levanto la mano, aunque no es mi decisión, es del Presidente de la República [Enrique Peña Nieto] y soy muy respetuoso de ello.
¿Qué pasó en el interior del organismo?, sólo quedaron dos comisionados de los siete que designó el Senado de la República.
—En su momento, el Ejecutivo y el Legislativo no se preocuparon en ir reponiendo a los comisionados que salieron. El gobierno federal le apostó más a la reestructuración de la comisión, a reformar la ley que lo convirtió en un órgano unipersonal; la modificación fue aprobada por el Congreso y en cuanto el Presidente de las República la publique, la comisión dejará de ser un órgano colegiado.
Creo en la colegialidad, creo que era lo ideal, tres cabezas piensan más que una; sin embargo, también estoy convencido de que México no está preparado para el trabajo en equipo, reinan muchas veces los intereses personales, las envidias intelectuales por sobre el trabajo en equipo. Auguro que tendrá éxito la persona que designe el Presidente de la República por el entramado institucional que se hizo.
¿Qué tipo de intereses había en la comisión?
—Más que de carácter mezquino o económico son de carácter intelectual, que cada quien quería hacer prevalecer las ideas que tenía sobre el otro, que había poca tolerancia a escuchar otros argumentos.
Antes de su llegada como presidente de la comisión, ¿se improvisaba?
—Creo que había siete comisionados muy bien preparados, con un sólido andamiaje en derechos humanos, atención a víctimas, derecho penal, pero con poca capacidad de trabajar en equipo, había un plan de trabajo; sin embargo, no estaba ajustado lo más favorable a las víctimas.
La ley no los beneficiaba mucho, ¿el organismo no fue un experimento que falló?
—Dista mucho de haber fallado. Antes las víctimas no tenían nada, hasta el año 2000 no se mencionaba la palabra víctima en la Constitución, no existían; en 2008 se incluye en el artículo 20 constitucional un apartado C que habla de los derechos de las víctimas del delito y hasta 2011 se incluye en el artículo primero un tercer párrafo que habla de la reparación a las víctimas de violación de los derechos humanos.
La comisión es el primer órgano del Estado que se encarga de garantizar los derechos, la situación ha cambiando diametralmente.
No existe en otro país una Ley General de Víctimas y que se les atienda como en México. Ni los países de primer mundo tienen una institución como la de aquí.
¿Durante la presidencia de Jaime Rochín hubo corrupción?
—No la hubo, te puedo decir que cuando recibí la administración hice un minucioso estudio de lo que estaba recibiendo y no encontré un acto de corrupción, no hallé la injerencia de otra autoridad ni del subsecretario de Derechos Humanos [Roberto Campa, como lo denunció una de las ex comisionadas en su renuncia].
Una de las cuestiones que he defendido es la autonomía de la comisión, a pesar de que dependamos del gobierno federal como estructura.
No he recibido instrucciones del subsecretario [de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación] Roberto Campa para hacer o dejar de hacer algo. No ha habido un intento de intromisión.
¿No hay malos manejos en el dinero del fondo?
—No hay un solo reporte del mal manejo del dinero. En el caso de Nochixtlán, se dice que se dispusieron de 4 millones de pesos en forma indebida, puedo decir que no es cierto.
Se otorgó a víctimas del delito que estaban en el registro de víctimas. El dinero se le entregó a cada una de ellas. Los recursos se dieron con apego a
la ley.
¿No hubo ni hay injerencia del subsecretario Roberto Campa?
—Jamás, en los dos meses que llevo. He hablado tres veces con él y son para cuestiones de estricta coordinación.
¿La ex comisionada Susana Pedroza mintió?
—No sé si mienta o sabe algo que yo no sé, pero lo que yo estudié, lo que recibí y en lo que voy a entregar no hay ninguna injerencia de ninguna autoridad, ni mal manejo de los fondos, ni en la administración de Olga Noriega, ni en la de Jaime Rochín, ni en mi gestión.
Si no hay injerencia, ¿ella miente?
—Sí. Lo que está diciendo son muchas inexactitudes.
¿Cuál es el balance en el poco tiempo de su gestión?
—Fueron poco menos de dos meses y hemos repartido por compensación integral a las víctimas de los delitos más o menos el doble de lo que se repartió a las víctimas en los tres años que me precedieron. La labor que hemos hecho es para tratar de llevar el dinero que está en el fondo a donde dice la ley, en los bolsillos de las víctimas.
De los mil 500 millones del fondo, ¿cuánto se ha ejercido?
—Unos 150 millones de pesos, aproximadamente. Casi la mitad fue en los últimos dos meses. La realidad es que hasta antes que llegara se consideraba que para poder proceder a la reparación integral del daño se necesitaba de una sentencia del juez o de una recomendación de la CNDH. Nosotros encontramos en la ley, haciendo una interpretación propersona, que también procedía la reparación integral cuando el Ministerio Público nos manifestara que el responsable del delito se encontraba prófugo o había muerto.
¿Cuántos elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Federal han sido beneficiados?
—Más de 20.
¿Es poco 150 millones de pesos?
—Sí, pero se ve la tendencia de los últimos dos meses. Si siguiéramos con ese empuje sin ninguna duda para octubre de 2017 no tendríamos ni un peso para el fondo.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado a la comisión porque se han enfocado en reparar el daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos por sobre el de las del delito, ¿qué pasa?
—Les diría a esas personas que tienen razón. Hasta hace dos meses la comisión sólo había reparado a víctimas de violación a derechos humanos y excepcionalmente a las de delito. Tenemos que incluir a las víctimas del delito y eso hemos estado haciendo. La labor de la comisión es equilibrar esos números. Cuando llegué entre 85% y 90% de los montos de reparación integral se habían dirigido a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ahora tenemos una balanza de 50%. No hay víctimas de primera y segunda.
¿Se estaba haciendo esa diferencia?
—Sí, por supuesto.
¿Dentro de las víctimas de violaciones a derechos humanos hay gente que era secuestrador?
—Yo no he reparado a nadie por ser secuestrador, ni homicida, ni por cometer algún delito. Reparamos porque les han violado sus derechos humanos, así lo han determinado la CNDH.
A qué se dedicaban, no lo sé, porque no es mi tarea investigarlo, mi labor es acatar las disposiciones de la CNDH porque se le violó el debido proceso, porque fue torturado y porque le dejaron de prestar ayuda.
