La presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Julieta Fernández Márquez (PRI), afirmó que aprobar la minuta avalada en el Senado sobre la nueva Ley General de Víctimas “sería un peligro, y traería más impunidad que beneficios; es una ley frágil, con errores y lagunas”.
Al inaugurar en San Lázaro el foro Sobre la Ley General de Víctimas expuso que el artículo 10 de la ley, que es el tipo penal, tiene que cumplir tres supuestos: que se prive la libertad de una persona; que sea con fines de explotación, y que se haga a través de los medios comisivos, que son amenazas, seducción o engaño. “Si estos tres no se cumplen entonces, definitivamente, no puede ser procesado el delincuente.
“Si se accediera a este tipo penal nuevo, los más de 600 casos que hay a nivel nacional de procesos encarcelatorios saldrían libres porque no cumplirían con el tipo penal como hasta ahora, y la ley es retroactiva para beneficio”, explicó.
Refirió que “este tipo penal es exactamente igual al de 2007, año en el que no tuvimos ninguna condena; por ello, podemos evaluar que la ley no es de lo mejor”.
La ley, continuó, es frágil porque “tiene errores y lagunas”. Hay muchos abogados penalistas, especialistas en hacer este tipo de cuestiones. Por eso es que tenemos que analizar mucho más profundamente el tipo penal.
La comisión especial ya emitió una opinión sobre la minuta; falta por hacerlo la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia tendrá que emitir su dictamen.
Fernández informó que la ONU “refiere 20 mil casos anuales de trata en México. Pero no hay un dato concreto, porque en muchos estados ni siquiera es un tema relevante”.
“En algunas entidades hay dos averiguaciones previas y sabemos que no son todos los delitos de trata que ocurren; hay muchas autoridades que todavía no lo toman como un delito relevante” comentó.
Sobre el Fondo para las Víctimas de Trata, la nueva ley lo derogó: “Seguimos peleando para que lo haya, por las muchas víctimas de trata que necesitan ser reparadas, y hoy por hoy no hay presupuesto”.
La presidenta de Alto al Secuestro AC, Isabel Miranda de Wallace, consideró necesario modificar los artículos 1, 8, 65, 67, 68 y 149 de la Ley General de Víctimas, a fin de dar un trato igualitario a los afectados, y tengan acceso a la reparación del daño.
