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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó al gobierno de Veracruz para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de que sea notificado, complete los pagos por 139 millones 270 mil pesos que se adeudan al órgano electoral del estado.
La orden fue dirigida directamente a los titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y al tesorero del estado, por desacatar la sentencia del 19 de octubre pasado, en que el Tribunal había ordenado la entrega de los recursos que no se le han pagado al organismo electoral.
En su resolución, el tribunal requirió al titular del Poder Ejecutivo de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), para que “como superior jerárquico de las autoridades citadas en el párrafo precedente, dentro del mismo plazo, realice las acciones concretas, objetivas y eficaces para lograr el cumplimiento” de la orden.
El Organismo Público Electoral Local (OPL) de la entidad —actualmente en proceso electoral para elegir presidentes de los ayuntamientos en junio de 2017— ha denunciado la difícil situación financiera que padece, puesto que las retenciones de recursos llevan años y en el que está en curso, en que le fueron presupuestados mil 9 millones de pesos, no le han llegado completos.
Aunque en octubre pasado ganó el recurso interpuesto ante el tribunal, en noviembre volvió a acudir a éste, en incidente de incumplimiento de sentencia, por desacato del gobierno de la entidad.
De acuerdo a los elementos probatorios, en este año sólo en febrero y abril entregó las ministraciones completas. El desglose de adeudos refleja que en enero el gobierno del estado dejó de entregar 24 millones 583 mil pesos, en marzo no se entregaron 26 millones 977 mil pesos.
En mayo no se suministraron 29 millones 377 mil pesos; en junio, 3 millones 529 mil pesos; en julio, 11 millones 682 mil pesos, y en agosto, 11 millones 494 mil pesos.
En el mes de septiembre el faltante ascendió a 3 millones 155 mil pesos y en octubre alcanzó 28 mil 468 mil pesos.
De acuerdo con el expediente, la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado argumentó que ha habido diversos “acontecimientos”, como la toma de las instalaciones durante los días 8 y 9 de noviembre, “por parte de grupos que realizan reclamos diversos”, que no le habrían permitido cumplir la sentencia del 19 de octubre y la operatividad normal de los recursos a su cargo.
De acuerdo con los magistrados del tribunal, no se aportaron elementos “que respalden esas circunstancias y menos que se hayan extendido en el tiempo, de manera que impidieran la operación de la autoridad responsable”.
