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La Contraloría Interna del Órgano de Control de la Cámara de Diputados recibió una queja de inconformidad por parte de Teléfonos de México (Telmex), en contra del dictamen de evaluación y fallo emitido dentro del proceso de licitación pública para la prestación de los servicios de telefonía convencional y enlaces de internet.
El documento entregado el pasado miércoles y dirigido al contralor Alfredo Wong Castañeda, así como los oficios enviados a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señalan que tras 25 años de prestar el servicio al recinto, la Dirección General Tecnologías de Información, encabezada por Ricardo Ibarrola Estrada, optó por la empresa Axtel S.A.B de C.V., el pasado 8 de diciembre.
El oficio firmado por el apoderado general de Telmex, Francisco Javier Islas Mancera, refiere que el contrato correspondiente contiene inconsistencias en los argumentos utilizados, que incluso se contraponen entre sí; tal es caso del precio presentado por Axtel, que es 40.5% (33 millones 438 mil pesos) superior a la propuesta de Teléfonos de México, que ofertó por 84 millones 912 mil pesos; mientras que Axtel por 118 millones 350 mil pesos, por dos años.
El pasado 8 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó en la columna Bajo Reserva que durante el proceso de licitación, personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información viajó a Japón para conocer una de las empresas que pretendían adjudicarse la licitación.
En la carta enviada al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri (PRD), el apoderado de Telmex añade que hasta ahora los servicios de telecomunicaciones a la Cámara de Diputados registran niveles de calidad de 99.9%, rango superior a lo estipulado en el contrato que lo rige.
“Los niveles de calidad con los que Telmex ha prestado los servicios de telecomunicaciones por más de 25 años a la Cámara de Diputados, así como los exigidos por la licitación, no podrán presentarse por la empresa a la que se le adjudicó el fallo, por no contar con la infraestructura y capacidad técnica.
Aunado a que, de acuerdo con las preguntas y respuestas formuladas por Avaya —que es un proveedor de equipo de telecomunicaciones—, se definió por la convocante que el estándar mínimo solicitado es el AES128, “por lo que presumimos que el proveedor asociado a la adjudicada no puede prestar el servicio de encriptación de voz requerido por la convocatoria”, resalta el documento de Telmex.
El apoderado de Teléfonos de México, Javier Islas Mancera, agrega que la propuesta técnica fue “indebidamente” calificada en el rubro que exige contar con certificados ISO e ICREA para el manejo y resguardo de datos. En este apartado la convocante asignó a Telmex de cero a 13.5 puntos posibles, argumentando que no se presentaron dichos certificados a nombre del licitante.
“No obstante que Telmex presentó dentro del proceso de licitación dichos certificados expedidos a favor de las empresas Scitum, S.A. de C.V., y Triara.Com, S.A. de CV., de las que Telmex es controladora, lo que se acreditó con copia de las escrituras públicas correspondientes”, destaca.
El licitante detalla que otro de los rubros que presentan inconsistencias es la exigencia de contar con técnicos con certificación CISA y CISM, lo cual Telmex acreditó precisamente con la plantilla de personal de sus subsidiarias, empresas Scitum, S.A. de C.V., y Triara.Com, S.A. de C.V.; es decir, en este caso “sí se consideró” válida la presentación de los empleados certificados para cumplir el requisito.
“Lo que evidencia una diferencia de criterios en la calificación de dos rubros distintos de la misma licitación y demuestra que la propuesta de Telmex fue injustamente evaluada”, destaca el documento.
En la misiva, que también se hizo llegar a cada uno de los coordinadores parlamentarios, Islas Mancera les notifica del recurso de inconformidad presentada ante el Órgano de Control, además de exponer que Teléfonos de México siempre ha participado de manera transparente en los procesos de licitación.
“Solicito se procure que el fallo sea revisado y se emita otro en el que se cumplan cabalmente los criterios de promover el ahorro de recursos, la eficiencia en el trabajo, la transparencia, la simplificación, la modernización y el desarrollo administrativo que estipula la Cámara de Diputados en la materia”, pidió.