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Diputados avalaron la minuta sobre la Ley General de Víctimas enviada por el Senado, la cual permite que los ciudadanos afectados puedan agilizar la reparación del daño y el acceso a los recursos de los fondos de ayuda.
Sin hacerle cambio alguno, las modificaciones a la ley flexibilizan los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral —que es de carácter federal—, y se mandata a todas las entidades federativas crear sus propios fondos de ayuda.
El documento enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) crea los recursos de gastos de ayuda inmediata para la asistencia, atención y rehabilitación que requieran las víctimas.
Las reformas avaladas —con 323 votos a favor, 41 en contra y 34 abstenciones— refieren que es obligación de las entidades contar con ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, a fin de flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Se define la figura de recursos de ayuda, como diversos gastos: alimentación, hospedaje, transportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atraer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación de las víctimas, y como órgano operativo y rector en materia de su atención y de violaciones de derechos humanos.
La CEAV deja de ser un órgano colegiado para recaer en un Comisionado Ejecutivo, que será nombrado por el Presidente de la República, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en su atención y ratificado por el Senado.
Garantiza los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas, respecto a los convenios de coordinación firmados entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas, para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados.
