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Las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser revisadas y delimitadas para ajustarlas a la realidad que vive el país actualmente, indicó el presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar Morales.
Al rendir su segundo informe anual de labores ayer durante la sesión solemne conjunta con el Consejo de la Judicatura Federal, en presencia del presidente Enrique Peña Nieto y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el ministro indicó que las competencias en materia de legalidad que se otorgaron a la Corte eran justificables hace más de 20 años, pero hoy están desfasadas.
“Se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las competencias en materia de legalidad de nuestro Tribunal Constitucional, explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales, modernas y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que corresponde en el entramado constitucional y jurídico de nuestro país”, dijo.
Aguilar Morales destacó que en los últimos años el trabajo de la SCJN se ha intensificado, puesto que hace siete años la Corte recibía más de 4 mil 460 asuntos y para este año se recibieron 16 mil 139 asuntos. “Prácticamente cuatro veces más que cuando accedí al cargo”, dijo.
“Debemos buscar respuestas para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir el trabajo de esta Suprema Corte, puesto que la función jurisdiccional es vocación plena de los ministros, y con esa convicción, a esta fecha hemos resuelto más de 12 mil 600 asuntos en el periodo. Entre más amplias son las tareas asignadas por el legislador a los tribunales constitucionales, menos oportunidad hay para que los jueces que los integran reduzcan la brecha entre ley y sociedad, y llenen de contenido los principios de la Constitución”.
Explicó que en países como Estados Unidos, Canadá, España o Chile, los tribunales supremos conocen pocos casos al año: 80, 74, 274 y 115 casos, respectivamente, debido a la facultad inherente para elegir los asuntos que resolverán bajo criterios que ponderan la trascendencia de los temas.
Al referirse al nuevo sistema de justicia penal, explicó que su funcionamiento no es sólo responsabilidad de los jueces, sino de todos los involucrados, desde las autoridades investigadoras, pasando por las persecutoras, los mismos juzgadores, peritos, abogados, testigos y víctimas.
En él todos están obligados a cumplir con la ley y respetar sin excepción ni excusas los derechos fundamentales de toda persona, “si realmente se toman en serio”.
Ante los cuestionamientos planteó: “No somos indiferentes a la problemática del país no evadimos nuestras responsabilidades. Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, no es opcional, no podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, agregó.
Recordó el homicidio del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido el 14 de octubre pasado en el Estado de México. Dijo que las medidas de seguridad para proteger a los juzgadores no fueron una reacción a este suceso, sino que fueron implementadas desde hace varios años.
