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En el Partido Revolucionario Institucional (PRI), todos los aspirantes, precandidatos y candidatos deberán someterse a distintas medidas a través de las cuales se pueda conocer si tienen o no nexos con la delincuencia organizada y si han recibido dinero de procedencia ilícita.
El miércoles el PRI realizará su 38 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), en donde se buscará “establecer medidas para blindar al partido, sus aspirantes, precandidatos y candidatos, en contra de la delincuencia organizada y del uso de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales locales 2016-2017”, señala el punto 4.3 del orden del día a desarrollarse la próxima semana.
Desde hace varios procesos electorales, el PRI ha establecido medidas para blindarse y evitar que la delincuencia se infiltre en sus campañas políticas.
Estos blindajes se han puesto en marcha a nivel nacional y local.
En 2009, en elecciones a gobernador —en Tabasco, por ejemplo— los aspirantes a la candidatura firmaron un formato a través del cual autorizaron a las autoridades del partido para que se les investigaran sus antecedentes.
En enero de 2012, el entonces dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, anunció el blindaje de sus candidatos y campañas para evitar que el dinero del crimen organizado se filtrara. El Revolucionario Institucional solicitó en aquél momento al gobierno federal (encabezado por el PAN), que informara si alguno de sus candidatos tenía antecedentes penales o relación con bandas ligadas al crimen.
Creó, incluso, una Comisión de Vigilancia de Financiamiento para verificar el origen de los recursos que ingresaron en las campañas de aspirantes en el proceso federal.
En 2014 el CPN aprobó medidas para verificar que ningún aspirante, precandidato o candidato estuviera coludido con el crimen organizado, que no fuera adicto a las drogas y que los recursos económicos con que contó fueran obtenidos de manera lícita. En ese momento se determinó hacer pruebas antidoping a candidatos.
Los aspirantes, precandidatos y candidatos suscribieron una carta compromiso en la cual autorizaron al partido realizar una investigación sobre su situación patrimonial, fiscal; su actuación en el servicio público, así como de responsabilidades penales o administrativas.
En 2015 el PRI volvió a blindarse contra la delincuencia. Se estableció que los aspirantes, precandidatos y candidatos debían aceptar que el tricolor investigara su situación patrimonial, fiscal y su entorno social.
Para este proceso se prevé que nuevamente todo aquel que quiera participar en el proceso deberá permitir ser investigado, además de que se les pedirá presentar su declaración 3de3.
Durante la 38 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, que se llevará a cabo el próximo miércoles en la sede nacional del PRI, se integrarán distintas comisiones al interior de este órgano: Normatividad y Coordinación Política; Financiamiento y Presupuesto y Fiscalización.
