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pedrovillaycaña@eluniversal.com.mx
Con la renuncia de Susana Pedroza el pasado domingo a su cargo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ésta se consolida como un organismo lleno de escándalos, debido a que en 24 meses han renunciado cinco de los siete comisionados.
Hostigamiento, injerencias externas, altos salarios, viajes y contrataciones millonarias son algunos de los escándalos que ha vivido la dependencia.
Creada en enero de 2014 a raíz de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos se transformó en la CEAV.
En octubre de 2013 el Senado eligió a los siete integrantes de la extinta procuraduría: Julio Hernández Barros, Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave, Carlos Ríos Espinosa, Jaime Rochín, Olga Noriega y María del Rosario Torres Mata.
Primer escándalo: remoción ilegal. En una ríspida sesión, el 29 de abril de 2014, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la comisionada Noriega Sáenz reunció a su cargo como presidenta por estar en desacuerdo con los seis integrantes restantes.
“Renuncio. Les dejo la presidencia”, soltó a gritos Noriega Sáenz, según relataron testigos del pleito, pues no se podían poner de acuerdo en unos gastos de la comisión.
EL UNIVERSAL documentó en junio de 2014 las diferencias entre los comisionados, debido a que Noriega Sáenz impugnó ante tribunales que, al abandonar la sala de la sesión, sus compañeros le tomaron la palabra y designaron a Rochín del Rincón como nuevo titular.
Sin embargo, la renuncia de Noriega Sáenz como presidenta de la CEAV debió quedar asentada en un documento oficial y con la firma correspondiente, así lo advirtió el comisionado Adrián Franco Zevada y consta en el acta de la sesión obtenida por este diario. Noriega Sáenz denunció entonces que la removieron de manera injustificada.
La ex comisionada presidenta también acusó a sus ex compañeros de que ella y su personal fueron víctimas de acoso laboral. En octubre de ese año concluyó el tiempo de la comisionada María del Rosario Torres Mata.
Decisiones arbitrarias. El 30 de enero de 2015, Carlos Ríos Espinosa presentó su renuncia al cargo de comisionado de la CEAV porque, declaró a este diario, “en su seno están tomando decisiones arbitrarias y poco claras”.
El ex comisionado dijo que la Ley General de Víctimas debe ser modificada para normar la integración orgánica de la CEAV. La carencia de reglas empuja a que “constantemente se determinen cambios y tareas de los comisionados con razones poco claras y lleva incluso a arbitrariedades”.
La CEAV quedaba integrada por Susana Pedroza de la Llave, Jaime Rochín del Rincón (presidente), Adrián Franco Zevada y Julio Hernández Barros.
Rochín: alto salario, viajes y contratos millonarios. Un día después, en su edición del 1 de febrero, EL UNIVERSAL informó que el entonces presidente de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, percibía al año un sueldo tres veces mayor que el monto destinado a la reparación del daño, que ascendía en ese entonces a 500 mil pesos.
El salario de Rochín del Rincón era de 125 mil pesos netos (175 mil pesos brutos) mensuales, lo cual daba un total de 1 millón 500 mil pesos al año.
En esa misma edición, El Gran Diario de México documentó que a escasos dos meses de haber tomado posesión de su cargo, en junio de 2014, Rochín del Rincón viajó, con cargo al erario, a Santiago de Chile y Valparaíso, en una comisión de trabajo que tuvo una duración de siete días —incluyendo un fin de semana—, del 24 al 31 de agosto. El costo total del viaje fue de 35 mil pesos y el objetivo era para “intercambiar experiencias en materia de desarrollo de política pública” en el marco del encuentro Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de México y Programa de Apoyo a Víctimas de Chile.
La investigación también arrojó que de 2012 a 2014 la CEAV realizó contratos por diversos montos, algunos de ellos, millonarios. EL UNIVERSAL encontró que, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contrató a Estudios Churubusco para realizar, entre otras cosas, un spot en el que se difundiría el mensaje del organismo. Para ello pagó más de ocho millones de pesos. Otra empresa que llama la atención por el monto y el tipo de servicio es Tecno Alta Distribución SA de CV, dedicada a la renta de vehículos. La dependencia pagó 12 millones de pesos en un contrato otorgado en febrero del año pasado por adjudicación directa.
El 9 de octubre de este año fue el último día de Jaime Rochín al frente del organismo y como integrante del mismo. Un día después Julio Hernández Barros fue elegido por unanimidad para ocupar su lugar.
Renuncia en 140 caracteres. La tarde de este domingo, en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Susana Thalía Pedroza de la Llave renunció a su cargo en la CEAV, al señalar intereses políticos y uso discrecional de los recursos económicos.
“AVISO: causa de mi renuncia como comisionada de la @CEAVmex se debe a actitudes y servidores públicos externos de la @CEAVmex. Congruencia”, indicó.
Añadió en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero, y al comisionado presidente de la CEAV, Julio Hernández, que Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y las senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz son los responsables de lo que dijo son “reformas regresivas” a Ley General de Víctimas, aprobadas el 4 de noviembre.
