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La corriente perredista Iniciativa Galileos rechazó la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Víctimas al argumentar que con las nuevas disposiciones, aprobadas por el Senado el viernes, se sigue tratando a las víctimas bajo asuntos políticos.
En un comunicado, la tribu encabezada por el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo, y el vocero Fernando Belaunzarán, ex diputado federal, alertaron al Senado que aprobaron “una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas rechazada por colectivos y organizaciones de derechos humanos”.
“Esta decisión, es un retroceso al modelo democrático sui generis que se logró en 2013 y significará la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento para los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que han impulsado la legis-
lación a víctimas desde sus orígenes”, indicaron.
Los Galileos expusieron que los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos están preocupados porque no se considerara su propuesta de excluir en el proceso de selección como candidatos a quienes han venido desempeñando cargos de comisionados y comisionadas, toda vez que éstos han demostrado durante más de tres años, y con suficiente evidencia, que “no están a la altura de la tragedia” que vive México en esta materia.
“Con la aprobación de la ley se consolida la intervención oficiosa que, desde sus orígenes, la Secretaría de Gobernación hizo de la Comisión Ejecutiva, a partir de que también en una regresión, se establece una Junta de Gobierno cuya presidencia estará ahora formalmente a cargo de ésta”, precisaron.
Acusan desconocimiento. Las organizaciones ahondaron que con esta reforma se demuestra que “no conocen ni entienden lo que para las víctimas significan peritajes de calidad realizados por expertos independientes o internacionales, se les condiciona a la contratación de peritos independientes o internacionales si no hubiera personal nacional capacitado. Las más recientes experiencias demuestran el déficit en las áreas periciales vinculadas con las necesidades de las víctimas”.
El viernes, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley General de Víctimas después de tres años de entrar en vigor, pero que tenía problemas por el no ejercicio de un fondo de ayuda de mil 500 millones de pesos.
