El coordinador de PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a la Cámara de Diputados a dar cauce legislativo a la reforma constitucional en materia de seguridad pública, como una respuesta del Congreso a la situación de inseguridad que se vive en varias regiones del país.
Aseguró que ante la situación de inseguridad y el surgimiento de fenómenos que hacen evidente vacíos de autoridad, el Congreso debe dar respuesta a una de las demandas más apremiantes para la ciudadanía.
“No puede terminar este periodo de sesiones sin que el Congreso tome una decisión legislativa respecto a la reforma constitución en materia de seguridad”, señaló el senador Miguel Barbosa.
Recordó que el Senado aprobó en este año un reforma constitucional que permite avanzar en fortalecer la seguridad pública que, entre otros aspectos, evita los riesgos de la centralización policial inherentes a un modelo de mando único y preserva las facultades de seguridad en los municipios.
Barbosa Huerta explicó que la minuta enviada a la Cámara de Diputados define con mayor precisión las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública y establece como principio constitucional la certificación institucional de las corporaciones policiales.
“Con la reforma, el eje de la supervisión pasa de los agentes policiales en lo individual a las instituciones, dota de facultades al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para intervenir en corporaciones policiales municipales y estatales con problemas serios de corrupción y violación de derechos humanos”, refirió.
El senador Miguel Barbosa dijo que esta reforma en materia de seguridad tiene varios elementos que deben ser considerados por diputados, pues “abre la posibilidad para otras formas de provisión conjunta de la función de seguridad pública, como policías metropolitanas o intermunicipales”.
También detalló que la reforma considera la posibilidad de realizar intervenciones graduadas en corporaciones municipales y estatales, llegando incluso a la disolución de cuerpos policiales incapaces de servir y proteger a la ciudadanía.
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