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juan.arvizu@eluniversal.com.mx
El Senado aprobó reformas a la Ley General de Víctimas, después de tres años en vigor y de arrastrar problemas en su aplicación, que se significaron por el no ejercicio de un fondo de ayuda de unos mil 500 millones de pesos, mientras a miles de personas se les negaba el apoyo del Estado.
El proyecto fue aprobado con 77 votos a favor y nueve en contra, y tras ello se formularon propuestas de modificaciones al dictamen que el pleno rechazó. De esta manera, el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales (PVEM), remitió la reforma a la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI), presentó el alcance de las reformas en las que destaca que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con un mando unipersonal, no colegiado.
Por única vez el Ejecutivo federal propondrá al Senado un perfil para su ratificación por el pleno senatorial y se tratará de alguien con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.
En 30 días se deberá aprobar este cargo que estará vigente durante tres años y después la selección del perfil se llevará a cabo con consultas previas a los colectivos de vícitimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil.
Díaz dijo que los cambios permitirán que las víctimas reciban ayuda provisional, oportuna y rápida, y que se garantice la satisfacción de sus necesidades de alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras el tiempo que sea necesario.
Puntualizó que los cambios incluyen reglas mejoradas para la coordinación institucional; que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con una nueva estructura orgánica, y que operará una Junta de Gobierno con representantes de organizaciones civiles y del gobierno federal, como especifica la legislación en la materia.
Las nuevas disposiciones en la operación de la Comisión Ejecutiva, agregó la legisladora, contribuirán a agilizar el trato a las víctimas mediante un procedimiento claro y específico. En esta cuestión, dijo, “fuimos sensibles ante la necesidad y la exigencia, el sentido de justicia y el dolor de las víctimas”.
Hizo hincapié en que después del primer comisionado ejecutivo —quien tendrá un periodo de tres años— su sucesor será electo por dos terceras partes del Senado de una terna que envié el Ejecutivo, luego de una consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializados en la materia.
Los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD); de Justicia, Fernando Yunes Márquez (PAN), y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz (PRI), presentaron sus comentarios al dictamen, del que subrayaron que corresponde al afán de mejorar la legislación aplicable en la materia.
En las posturas, Iris Vianey Mendoza (PRD), a nombre propio y de Armando Ríos Pïter, presentó un voto particular ante la totalidad de la reforma, porque aseguró que “en la elaboración del proyecto no fueron consideradas múltiples modificaciones que repercuten en carencias de la propuesta en análisis”.
