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El PRD en el Senado presentó una iniciativa para reformar el artículo 212 del Código Penal Federal para aplicar la “muerte civil” —suspensión de derechos políticos— a servidores públicos o particulares condenados por delitos de corrupción y que sean reincidentes.
Con ello se busca que tanto esos servidores públicos como particulares no puedan volver a aparecer en la vida pública del país.
La iniciativa presentada por el senador Zoé Robledo (PRD) señala que el concepto de “muerte civil” fue utilizado en la antigua Roma para calificar una pena que al imponerse a una persona, esta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos.
De acuerdo con la propuesta de reforma, la “muerte civil” es considerada una pena para reincidentes en la comisión de delitos por hechos de corrupción y tendrá las siguientes consecuencias:
Inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras del mismo tipo, concesiones de prestación de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de la Federación.
Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta —una vez concluida esta— para ejercer los derechos políticos, así como para representar a personas jurídicas.
Suspensión de derechos para ejercer profesiones, oficios, autorizaciones o licencias relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena, por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta, una vez concluida la misma.
El senador Robledo aseguró que su propuesta es oportuna y complementaria a las acciones que se han tomado en torno al combate a la corrupción.
